Las pol\u00edticas de privatizaci\u00f3n implementadas durante el r\u00e9gimen de Pinochet configuraron el actual modelo del sector del agua y el saneamiento en Chile, con un 96,2% de los servicios gestionados por empresas privadas. Este modelo ha comportado consecuencias negativas para la poblaci\u00f3n y el medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Santiago de Chile, el servicio de agua es gestionado por Aguas Andinas<\/strong>, empresa filial del Grupo Aguas, controlada por Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM) , la que a su vez es controlada por Veolia, a trav\u00e9s de las sociedades chilenas Veolia Inversiones Aguas del Grande Santiago Ltda. (IAGSA), Veolia Inversiones Andinas S.A. y AGBAR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Desde la privatizaci\u00f3n, las tarifas en Santiago han aumentado significativamente. Hasta el 1998 el 20% de la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerabilizada destinaba hasta el 2,35% de sus ingresos mensuales en consumo de agua potable, mientras que actualmente casi 130.000 hogares tienen que destinar m\u00e1s del 5% de sus ingresos a pagar el agua<\/strong>, a pesar de subsidios que, por 20 a\u00f1os, han beneficiado la empresa AGBAR. Este porcentaje supera el umbral de asequibilidad establecido por la ONU y no solo agravia la precariedad econ\u00f3mica de las familias m\u00e1s vulnerabilizadas, sino que tambi\u00e9n perpet\u00faa las desigualdades sociales en el acceso a un derecho humano fundamental.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, las inversiones en reposici\u00f3n de infraestructuras son pr\u00e1cticamente inexistentes y hay una deficiente fiscalizaci\u00f3n, la cual provoca p\u00e9rdidas de agua masivas y agua no contabilizada<\/strong>, oscilando anualmente entre el 30% y el 40% de la producci\u00f3n total y de la que no se conoce su destino.<\/p>\n\n\n\n La calidad del servicio no cumple con los est\u00e1ndares m\u00ednimos. Los niveles de dureza del agua en Santiago superan los l\u00edmites recomendados por la OMS<\/strong>, poniendo en riesgo la salud de la poblaci\u00f3n. As\u00ed mismo, a partir de una encuesta realizada en la poblaci\u00f3n por parte de MODATIMA, se ha detectado un alto nivel de insatisfacci\u00f3n ciudadana en cuanto al servicio y calidad del agua.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Aguas Andinas ha priorizado intereses corporativos por encima de la garant\u00eda de un servicio de calidad que priorice el derecho humano al agua y al saneamiento<\/strong>. La empresa firm\u00f3 un convenio con AES Andes para el proyecto hidroel\u00e9ctrico Alto Maipo<\/strong>, el cual otorga derechos de agua para centrales hidroel\u00e9ctricas, priorizando la generaci\u00f3n de electricidad al consumo de agua potable. Activistas ambientales opositoras al proyecto Alto Maipo, han visto afectada su libertad y seguridad, sufriendo pr\u00e1cticas de espionaje, contratadas por AES Andes.<\/p>\n\n\n\n Todo esto resulta en una grave afectaci\u00f3n a los derechos humanos y ambientales, con una deficiente gesti\u00f3n de los recursos h\u00eddricos en Chile que preocupa frente un contexto de escasez y un futuro incierto en cuanto a la disponibilidad de agua potable.<\/p>\n\n\n\n Esta investigaci\u00f3n, realizada conjuntamente con el Movimiento miedo la Defensa del Agua, la Tierra y lo Medioambiente (MODATIMA),<\/strong> pone de relieve la necesidad urgente de revertir un modelo de privatizaci\u00f3n que perpet\u00faa desigualdades y pose en riesgo la vida y la salud de la poblaci\u00f3n y el medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n El objetivo de esta publicaci\u00f3n es visibilizar las vulneraciones de derechos perpetradas en el Sur Global por empresas que operan o tienen sede en Catalu\u00f1a y nutrir el mapa de vulneraciones de AlertaDH<\/a>, una iniciativa del grupo catal\u00e1n de empresa y derechos humanos<\/a> de Lafede que visibiliza estos casos con el prop\u00f3sito de incidir para que el Parlamento apoye a la creaci\u00f3n del centro catal\u00e1n de empresa y derechos humanos<\/strong>, un organismo p\u00fablico independiente que garantice que toda empresa que opere en Catalu\u00f1a y\/o preste servicios a cualquier administraci\u00f3n p\u00fablica catalana cumpla con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catal\u00e1n como el exterior.<\/p>\n\n\n\n