ABB: Explotación de recursos saharauis al servicio de la élite empresarial marroquí
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Nombre de la empresa
Sector económico
automoción, electrificación, Energético, robótica
Sector económico (Detalle)
Las actividades principales de ABB se centran en el campo de la robótica, generación de energía eléctrica, automatización, equipamientos industriales y otras tecnologías de ingeniería, aunque también provee infraestructura para otros sectores como la alimentación, la actividad extractiva (minería), el transporte de gas y petróleo y la industria química. Como ejemplos, la empresa provee de servicios de automatización y modernización de sistemas a infraestructuras críticas como el gasoducto que transporta gas desde Rusia a Europa, en su tramo polaco.
Empresas involucradas
Descripción breve del proyecto económico
Asea, Brown and Boveri (ABB) es una de las mayores empresas de Suiza, además de líder mundial en el ámbito de la energía y la automoción, electrificación y robótica. Posee más de 1.500 subsidiarias en alrededor de 100 países y una plantilla de 147.000 personas. La multinacional forma parte de la lista de empresas que operan en el Sáhara Occidental, tras obtener en 2017 un contrato de 16 millones de dólares para la construcción de la subestación híbrida del parque eólico de Aftissat, cerca de Bojador, operativo desde finales de 2018. En el proyecto, que hizo público la entidad Terre des Hommes, participó parte de la plantilla española de la compañía, como denunció en 2018 la ONG Western Sahara Resource Watch. La actividad de ABB en Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, pero también otros territorios en disputa, se enmarcaría claramente en el llamado greenwashing.
En Europa, ABB es un peso pesado de la industria y mantiene relación comercial y asociativa con algunas de las mayores empresas de la industria militar en Europa, como Dassault Systèmes, Safran, Fincantieri o Rheinmetall, además de con ejércitos como el español y el británico.
Descripción breve del proyecto económico (Fuente)
(1) http://www.odhe.cat/es/abb-asea-brown-bo...
Ciudad/País
Marruecos,Sahara Occidental
Derechos vulnerados
Complicidad / influencia en conflictos armados, oc...
Descripción
La explotación de recursos saharauis al servicio de infraestructuras para la élite empresarial marroquí
La filial de ABB en Marruecos tiene su sede principal en Casablanca, donde cuenta con una plantilla de unas 50 personas , y con dependencias también en el puerto de Agadir, donde la compañía fabrica y mantiene turbocompresores. El grupo se estableció en Marruecos en 1981 y fue responsable de casi la mitad de la producción eléctrica en el país entre 1995 y 2007, a través de su participación del 50% en la central eléctrica de Jorf Lasfar. Desde su desvinculación, la actividad de ABB en Marruecos se ha orientado, principalmente, a la venta de equipos energéticos de su propia fabricación (motores de alta eficiencia energética) destinados a los sectores de la construcción, la industria química, la minería y la metalurgia.
Precisamente dentro de esa estrategia de sostenibilidad y apoyo al desarrollo de energías renovables del Reino Marruecos, que ha expresado varias veces su intención de alcanzar el 52% de su cuota de energía a través de fuentes renovables para 2030, ABB anunció en 2017 que iba a participar, con un contrato de 16 millones de dólares, en la construcción de una primera subestación híbrida en el parque eólico de Aftissat, a 50 kilómetros al sur de Bojador (Sáhara Occidental). Aftissat, operativo desde finales del 2018, forma parte de la apuesta de estos últimos años por la construcción de parques eólicos en los Territorios Ocupados aprovechando su clima ventoso, la mayoría de ellos concesiones de la Oficina Nacional de Energía Eléctrica (ONEE) a Nareva, perteneciente al holding SNI de la familia real marroquí. Para ese proyecto, ABB lideró la construcción de la subestación híbrida, con una capacidad de 225/33 kilovoltios, que conecta la energía producida en el parque eólico a la red eléctrica nacional .
Impulsora de la Iniciativa Desertec
Anteriormente, ABB formó parte de las impulsoras de una iniciativa industrial vinculada a Desertec, un think tank creado en 2003 que propone generar electricidad y agua desalinizada mediante centrales termosolares y sistemas de concentración en el desierto del Sáhara, para transportar energía a Europa y a zonas de África. En 2009, Desertec fundó en Munich la iniciativa industrial ‘Dii GmbH’, para acelerar la implementación de los proyectos. Esta iniciativa industrial estaba formada por un consorcio de 12 empresas europeas, de Oriente Medio y del Norte de África, entre las cuales estaba ABB y a la cual más adelante se incorporó como accionista y socia Nareva. Una de las zonas que Desertec mencionaba para situar centrales eléctricas y sistemas de energía solar térmica, fotovoltaica y eólica era el desierto costero atlántico, que abarca Mauritania y el Sáhara Occidental. Ello, sumado a los planes de construcción de dos centrales de energía fotovoltaica en Territorios Ocupados (hoy Noor PV Laayoune y Noor PV Bojdour) y al anuncio, en 2010, de un proyecto piloto de 400.000 millones de euros en Marruecos, encendió las alarmas de un posible desembarco de Desertec en el Sáhara Occidental, que fue posteriormente desmentido por un portavoz de la iniciativa . Desertec se diluyó dos años después para relanzarse recientemente, sin que por el momento se hayan hecho públicos futuros proyectos en los Territorios Ocupados.
Fuente
(1) http://www.odhe.cat/es/vulneracio/compli...
Normativa vulnerada
Las actividades de ABB vulneran el derecho de los pueblos a administrar sus propios recursos naturales y, por ende, el respeto al consentimiento previo, libre e informado en cuanto a la explotación de sus materias primeras se ha visto comprometido por la falta sistemática de consulta sobre las operaciones extractivas a la población saharaui y a sus legítimos representantes, reconocidos como tal en numerosas resoluciones aprobadas por Naciones Unidas. Cabe destacar las resoluciones 34/37 de 1979 , que declara el Sahara Occidental territorio pendiente de descolonización y, por tanto, bajo ocupación ilegal, y la resolución 63/102 de la Asamblea General, aprobada el 5 de diciembre de 2008 y que reconoce que «los recursos naturales constituyen el patrimonio de los pueblos de los territorios no autónomos, incluidas las poblaciones autóctonas». Esta resolución plantea el derecho de las poblaciones originarias a la gestión de sus recursos y a decidir su relación con las empresas extractivas, y en ella se advierte de «cualquier actividad orientada a explotar los recursos naturales y humanos de los territorios no autónomos, en detrimento de los intereses de los habitantes de estos territorios». Por otra parte, en su posicionamiento de diciembre de 2016 ante un recurso del Frente Polisario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el Acuerdo de Liberalización no se aplicaría al territorio del Sáhara Occidental . En 2021, el mismo tribunal ordenó anular los acuerdos de comercio y pesca entre Marruecos y la UE, a raíz de dos recursos del Frente Polisario.
De ello se deriva, pues, que la explotación de recursos naturales sin consentimiento explícito e informado, más cuando, las principales beneficiadas de estos proyectos son empresas marroquíes y transnacionales que aprovechan las condiciones ventajosas de desarrollar su actividad económica en territorio ocupado y, por tanto, beneficiándose de la situación y perpetuándola potencialmente, seria contradictoria con las resoluciones de Naciones Unidas. El impacto inmediato en los Derechos Humanos de la población saharaui es la legitimación de la ocupación del territorio por Marruecos, pero también de las vulneraciones de derechos civiles, políticos, económicos y derechos de las mujeres asociadas a este contexto y expuestas y validadas por las principales ONG internacionales . Solo en el año transcurrido entre noviembre de 2020, cuando se retomaron las hostilidades armadas entre el ejército marroquí y el Frente Polisario, y noviembre de 2021, se contabilizaron más de 160 vulneraciones de los derechos civiles y políticos, principalmente agresiones y torturas, detenciones arbitrarias, juicios sin garantías, represión a la protesta y a la libertad de expresión y malos tratos a personas presas . Por otra parte, en términos de impactos de género, la actividad de las transnacionales en los Territorios Ocupados agrava la desposesión de tierras y los niveles de desempleo ya experimentados por las mujeres, la pérdida de métodos de subsistencia o la represión política en forma de torturas y violencia sexual hacia ambos sexos.
La empresa española es directamente responsable de la violación
Directamente
El Estado Nacional es responsable por acción o omisión
Por Omisión
Relación del caso con Cataluña
Si
Relación del caso con Cataluña (Detalle)
En el Estado Español, ABB está representada mayoritariamente por la sociedad Asea Brown Boveri, S.A, más conocida como ABB España, con una facturación de 410,4 millones de euros en 2020 y una plantilla de 1.376 personas repartidas en 5 centros de producción, situados en Madrid, Móstoles, Trapagaran, Oiartzun y Sant Quirze del Vallès, además de 18 oficinas, centros de servicio y delegaciones comerciales repartidas por el Estado. Estos centros se dedican mayoritariamente a la electrificación de la industria, las infraestructuras y el transporte, la integración de las energías renovables; y la distribución inteligente y almacenamiento de energía. Precisamente, parte de la división Power Grids que ABB vendió a Hitachi en 2019 y que estaba implicada en el proyecto llevado a cabo en los Territorios Ocupados, operaba en las plantas que la compañía tiene en Córdoba, Zaragoza y Bilbao .
Vínculo comercial con instituciones
ABB mantiene contratos con el ministerio de Defensa y el ejército español, el último de los cuales fue un estudio de viabilidad e integración de nuevos propulsores en buque Juan Carlos I por un importe de 171.000 euros, en noviembre de 2020 . Durante el ejercicio de 2020, ABB España patrocinó las actividades del 250 aniversario del Cuerpo de Ingenieros de la Armada con 4.700 euros . Asimismo, la empresa ha llevado a cabo proyectos para el ministerio de Defensa británico.
En febrero de 2022, a ABB España se le adjudicó un contrato de 70 millones de euros para suministrar equipos de tracción de alta eficiencia energética y baterías de iones de litio a 59 trenes de Cercanías de doble piso de Renfe .