Desastre Medioambiental en el Bages
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Nombre de la empresa
Sector económico
Agro-Industria
Sector económico (Detalle)
Fosfatos, potasa, fertilitzantes.
Descripción breve del proyecto económico
ICL es un grupo empresarial israelí con gran implantación en Cataluña a través de la empresa ICL-Iberia (conocida popularmente como Iberpotash). En la comarca del Bages, ICL Iberia explota las minas de Súria y Sallent desde el 1998, y ha tejido una gran red empresarial, de inversión e incluso de impulso de una parte del tejido social, deportivo y educativo catalán, que le proporciona todavía más capacidad de lobby ante las instituciones.
La actividad empresarial de ICL- Iberia no solo ha creado un grave impacto medioambiental y de deuda en Cataluña, sino que detrás su empresa matriz con sede en Tel Aviv, se esconden complicidad con graves violaciones de Derechos Humanos y un claro posicionamiento militarista.
Descripción breve del proyecto económico (Fuente)
(1) http://www.odhe.cat/icl-iberia/...
Ciudad/País
España
Derechos vulnerados
Afectación ambiental, Afectación economía local
Descripción
El año 1998, ICL (a través de su filial Dead Sea Works) adquirió las empresas estatales Potasas de Llobregat y Súria K y crea Iberpotash S.A. dentro de la rama de negocio de ICL Fertilizers.
La actividad de Iberpotash en el Bages no ha estado nunca exenta de problemas, incluso desde antes de que la empresa Potasas del Llobregat y Suria K pasaran en manos israelíes. Pero el desastre medioambiental producido por una mala gestión fue reconocido por primera vez en un tribunal penal de Manresa el 2014 y 2015, gracias a la presión e iniciativa de vecinos y grupos ecologistas. Según la sentencia de 2015, que condenaba directivos y la propia empresa, la gestión de las minas de Sallent y de las escombreras salinas por parte de la empresa israelí había provocado la salinización de ríos, pozos, fuentes, torrentes y acuíferos de toda la comarca. Esta degradación medioambiental, ha repercutido muy negativamente en una región con gran actividad ganadera y de agricultura de regadío. Además, pero, también se ha reconocido el riesgo que esta situación comporta para las personas puesto que se han encontrado también cloruros y metales pesados de gran toxicidad. De hecho, la salinización del río Llobregat, que alcanza de agua buena parte de la ciudad de Barcelona y cercanías, ha provocado una deuda de más de 300 millones de euros a la administración pública catalana.
Fuente
(1) http://www.odhe.cat/icl-iberia/...
La empresa española es directamente responsable de la violación (Fuente)
(1) http://www.odhe.cat/icl-iberia/...
Textos/directivas catalanas, del Estado español o internacionales violadas
El 2015, el Tribunal Supremo declaró nula la autorización ambiental dada por el Gobierno de la Generalitat a ICL por su actividad minera en Sallent. Esta sentencia supone el cierre de la minería en Sallent, declarada ilegal. Iberpotash ha iniciado en los últimos meses el proceso de traslado de Sallent hacia las instalaciones de Súria. La sentencia de julio del 2015 del Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la empresa y la Generalitat contra sentencias anteriores y anulaba la posibilidad de seguir operando en Sallent y Balsareny. El Tribunal Supremo además sentenciaba Iberpotash y la Generalitat de Cataluña a pagar 5.000 euros por los costes judiciales a la Asociación de Vecinos.
Tanto ICL como la Generalitat, pero, están pendientes también de Luxemburgo. A principios del 2016, la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación en profundidad sobre las ayudas percibidas por la empresa Iberpotash. El objeto de la investigación es conocer si la empresa recibió un trato de favor enfrente sus competidores, violando así las normas y regulaciones de la UE. El abril del 2016, la Comisión informó que se iniciaba un proceso judicial en referencia a la reducción de garantías financieras y a la cubrición de lo escombrera de Vilafruns, dos de las acusaciones que pesan de hecho, no sobre la empresa ICL, sino sobre la Generalitat de Cataluña por el trato de favor dispensado a ICL. El año 2008, Iberpotash solo tuvo que pagar una fianza de restauración ambiental de 585.153 euros, elevada finalmente a 6,9 millones después de las sucesivas sentencias.
Según las demandas interpuestas y la propia Comisión, la Generalitat y la ciudadanía catalana, pues, habrían asumido varios costes y riesgos, que por el contrario corresponderían a la empresa israelí por su actividad extractiva en la región. Uno de los responsables últimos sería el político de CDC, Lluís Recoder, antiguo alcalde de Sant Cugat del Vallès y consejero de Territorio y Sostenibilidad entre el 2010 y 2012.
Respuesta de la empresa
No
Relación del caso con Cataluña
Si
Relación del caso con Cataluña (Detalle)
El Gobierno de la Generalitat dio autorizaciones ambientales a ICL para su actividad minera en Sallent. Estas autorizaciones fueron declaradas nulas el 2015, por el Tribunal Supremo. Esta sentencia supone el cierre de la minería en Sallent, declarada ilegal. Iberpotash ha iniciado en los últimos meses el proceso de traslado de Sallent hacia las instalaciones de Súria. La sentencia de julio del 2015 del Tribunal Supremo desestimaba el recurso presentado por la empresa y la Generalitat contra sentencias anteriores y anulaba la posibilidad de seguir operando en Sallent y Balsareny. El Tribunal Supremo además sentenciaba Iberpotash y la Generalitat de Cataluña a pagar 5.000 euros por los costes judiciales a la Asociación de Vecinos.
El cierre, pero, ha sido presentado por la empresa como el primer paso del proyecto industrial Phoenix, que supone una inversión de más de 100 millones de euros en Cataluña y el desarrollo de infraestructuras y actividades, entre las cuales la construcción y gestión de una terminal de carga del puerto de Barcelona. Las diversas sentencias, en las qué la empresa ha ido de la mano de la administración catalana, no han repercutido en la estrecha colaboración de la empresa ICL con la Generalitat.
Cuatro meses después de la sentencia del Tribunal Supremo, una nota de prensa oficial anunciaba la firma de un nuevo convenio ICL Iberia – Generalitat, que garantizaría el “futuro de la minería” y el “fin de los pasivos históricos ambientales”. Por “pasivos históricos ambientales” se aludía de manera ambigua a los costes medioambientales de salinización provocados por la actividad minera de la empresa. El Convenio estableció que ICL Iberia trasladaría las actividades a Súria, pero seguiría hasta Junio del 2017 abocando residuos salinos al Cogulló, con un plazo hasta el año 2065 para transferir en el mar la sal residual no comercializada de la escombrera del Cogulló de Sallent.
En un informe de actividad de la empresa publicado el 2016, ICL habla de ‘cooperación estratégica con el gobierno catalán’ que se define desde el acuerdo de noviembre del 2015 en un compromiso por parte de la Generalitat de “apoyo por la provisión de regulación extensiva, infraestructura y transporte”. Según la propia empresa, esto demuestra la ‘fuerte apreciación’ que el gobierno catalán tiene por la contribución de ICL en el territorio. Según el mismo informe, se está negociando una nueva concesión de explotación minera de 30 años. El Convenio firmado con la generalidad afirma el interés público y estratégico que la actividad de ICL representa no tan solo por el Bages sino por el país.
El interés público surge también de una estrategia establecida de la empresa en todo el mundo y que ha Cataluña ha sabido tejer una red muy importante de implicación y participación en el territorio, sobre todo en el Bages. ICL Iberia es miembro de la Fundación Empresas IQS Ramon Llull (20/02/2015).
Estado actual del caso
En curso