Privatización del agua en Santiago de Chile (Aguas Andinas -SGAB/AGBAR)

Sector económico (Detalle)

Agua y Saneamiento, asesorías ingenieriles y proyectos hidroeléctricos

Descripción breve del proyecto económico

Las últimas leyes del dictador Pinochet crearon el actual marco normativo del sector del agua y el saneamiento en Chile, basado en el esquema de privatización del sector eléctrico (Modatima, 2021). Cabe tener en cuenta que el 96,2% de los servicios públicos de agua y saneamiento en Chile son gestionados por empresas privadas (Fernández, 2020).

Al iniciarse este proceso de privatización del agua y el saneamiento, la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) –  grupo AGBAR, en adelante SGAB/AGBAR,  creó e instauró en Chile distintas filiales, que le prestan servicios de asesoría, y con las que obtuvo grandes beneficios económicos. El año 2001 sus ganancias ascendieron a $ 47.637 millones y a finales de 2011 a $ 111.479 millones de pesos (lo que equivale a 46,4 i 108,5 millones de euros respectivamente), lo que se traduce en un aumento de un 134% de rentabilidad en un periodo que incrementó en un 157% el valor del servicio [1] al mismo tiempo que el Estado de Chile dejó de ganar 153 millones de dólares [2] . Esta pérdida se relaciona con el bajo valor de venta de acciones de Aguas Andinas durante la privatización, que benefició a las empresas privadas involucradas pero resultó desfavorable para las finanzas públicas. Mientras SGAB/AGBAR lograba maximizar sus beneficios, el costo del servicio subió significativamente para los consumidores y el Estado dejó de percibir ingresos relevantes por una operación que favoreció mayormente a los intereses privados.

Aguas Andinas, filial del Grupo Aguas, es una sociedad anónima abierta, cuya controladora directa es Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM) con un 50,10% de la propiedad, la que a su vez es controlada por Veolia Environnement S.A. (Francia), a través de las sociedades chilenas Veolia Inversiones Aguas del Gran Santiago Ltda. (IAGSA), Veolia Inversiones Andina S.A. y AGBAR, con base en España.

En la actualidad, las gestiones del Grupo Aguas presentan una deficiencia considerable en lo que respecta a las inversiones en reposición de infraestructura y redes desde el inicio de las actividades del capital español sobre las empresas sanitarias en Chile. 

Un ejemplo claro de esta situación son los montos anuales que Aguas Andinas y sus filiales destinan a la reposición de redes de agua potable y aguas servidas, los cuales representan menos del 1% del total necesario cada año. Esto implica que renovar completamente las redes, hechas de diferentes materiales, tomaría más de 100 años, a pesar de que su vida útil promedio es de solo 50 a 80 años.

Al comparar las cifras de inversión en reposición de infraestructuras (entre 10 y 20 mil millones de pesos chilenos, equivalentes a 9,7 y 19,5 millones de euros), con otros ingresos de Aguas Andinas, como los obtenidos por actividades externas a la potabilización y distribución de agua potable —por ejemplo, asesorías a sistemas de Agua Potable Rural (APR) o el tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES)—, se observa una notable disparidad. Estos ingresos, denominados Ingresos por Servicios No Regulados (ISNR), provienen en gran parte de servicios no directamente relacionados con el ámbito sanitario. Los ISNR representan anualmente entre 45 y 50 mil millones de pesos chilenos (equivalentes a 43,9 y 48,8 millones de euros), sin contar las ganancias netas anuales, que oscilan entre 100 y 140 mil millones de pesos (equivalentes a 97,5 y 136,5 millones de euros), ni los traspasos de dinero entre filiales del grupo Suez/Veolia, que alcanzan entre 20 y 25 mil millones de pesos al año (equivalentes a 19,5 y 24,4 millones de euros).

En resumen, el Grupo Aguas dispone de suficiente capacidad financiera para duplicar la inversión en reposición de infraestructuras, pero no lo hace. Este hecho refleja una falta de voluntad para abordar las constantes reclamaciones de la población de Santiago, que lleva años manifestando su descontento con el sistema privatizado.

Además, a través de Aguas Andinas se ha negociando con proyectos hidroeléctricos, los cuales están fuera de sus facultades como empresa concesionaria de un servicio público (servicio privado para el Grupo Aguas al comprar las acciones del estado). [1]

Descripción breve del proyecto económico (Fuente)

Derechos vulnerados

Derecho humano al agua y al saneamiento, Derecho a la información, Afectación ambiental

Descripción

Derecho humano al agua y al saneamiento

Calidad del servicio: En duda

Un análisis de los datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS), entidad que fiscaliza los servicios de agua potable, muestra que los parámetros que utiliza Aguas Andinas para decir que posee un 50% de aprobación en las memorias anuales de la SiSS esconden la realidad del servicio entregado. Existe una nivel de insatisfacción elevado en 3 parámetros vitales como la calidad del agua potable (39% desaprobación), la capacidad de resolución de problemas (40% desaprobación) y el alcantarillado público (42% desaprobación). Esta insatisfacción queda oculta bajo el promedio total con otros indicadores que tienen valores de aprobación muy altos, como “pago de cuentas” (82%). Esto permite al Grupo Aguas proclamar que entregan un servicio de primera calidad, aún cuando se encuentran por debajo del promedio nacional [1].  

Estudios de dureza del agua realizados en Santiago hacia el año 2010, revelaban valores de entre 210 hasta 700 mg/l de carbonato de calcio, por encima del máximo de 180 mg/l estipulado por la OMS, lo que es considerado un factor de riesgo para la salud de las personas y supone el deterioro prematuro de electrodomésticos [2].

Asequibilidad: Familias pagando más del 3% de ingresos mensuales

Para ser asequible, los costes del agua no deberían exceder el 3% de los ingresos de la vivienda (ONU, 2018). En Chile, el estado subvenciona hasta 13.000 litros mensuales a cada familia que destine el 5% o más de sus ingresos mensuales en el pago de facturas de agua [3], en virtud de la Ley 18.778, orientada a los sectores más vulnerables.

Durante más de 20 años, la SGAB/AGBAR ha recibido aproximadamente 117 millones de pesos (equivalente a 114.000 euros) en subsidios destinados a las cuentas de agua potable de estas familias. No es un monto muy elevado considerando los flujos monetarios del sector sanitario, pero sí significa que durante más de 20 años el Estado de Chile ha tenido que velar por casi 130.000 hogares que destinan más del 5% de su presupuesto familiar al agua potable. Ello es consecuencia de las gestiones del Grupo AGBAR que, mediante el incremento desproporcionado de tarifas a través de un cuestionable proceso tarifario, vulnera el derecho humano al agua y al saneamiento en su dimensión de asequibilidad [4].

Priorización del uso industrial: Vulneración a la disponibilidad futura. 

El 6 de Junio de 2011, Aguas Andinas S.A y AES Gener S.A firmaron un contrato privado relacionado con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en el cual, Aguas Andinas dispone en favor del proyecto Alto Maipo parte de los derechos de aguas que le fueran concedidos para prestar el Servicio Público de suministro de agua potable para la ciudad de Santiago, recibiendo a cambio una importante parte de las ganancias que genere el proyecto Alto Maipo. Proyecto cuyo objetivo es la creación de 2 nuevas centrales hidroeléctricas de gran envergadura en el sector cordillerano de la capital de Chile. 

En este convenio, Aguas Andinas acuerda percibir pagos mensuales [5] en concepto de “pago por potencia” y “pago por energía”, calculados en función del valor económico de la energía generada gracias al agua que suministra al proyecto hidroeléctrico. Este acuerdo contraviene la Ley General de Servicios Sanitarios (DFL 382), que define (art. 5), limitando estrictamente (art. 8), las actividades que pueden realizar las empresas de servicios sanitarios.

El contrato implica la “venta” de 2.500 litros por segundo (1.314.000 de mts cúbicos anuales) a la hidroeléctrica, lo cual claramente no está dentro de los márgenes de la ley. Esto comporta que Aguas Andinas no podría acceder al agua del río El Yeso que no haya sido utilizada por las turbinas del proyecto, siendo esta la principal fuente de agua para la población.

Considerando la magnitud de los derechos de agua involucrados, se pone en duda que sea posible garantizar la producción y distribución de agua potable en Santiago y que sea compatible este uso del agua con la generación eléctrica. En estos escenarios de escasez hídrica, no se debería negociar con el agua de toda la población chilena.

Derecho a la información

Empresas omitiendo información

En la página web de la SiSS deberían mostrarse todos los datos públicos de las empresas sanitarias, pero falta información relevante, como el volumen de agua que se devuelve al curso natural de los ríos tras ser tratada y que no se reinyecta al sistema. Tampoco figuran en los informes mensuales ni anuales, los volúmenes de agua utilizados en lavado de redes, lo que impide calcular su eficiencia y regularizar su uso, especialmente en el contexto de una crisis hídrica presente desde hace años. Además, tampoco se informa sobre los traspasos de agua entre distintas Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) y servicios [6], ni sobre el desglose y estimación de las aguas no medidas, sobre las cuales después se calculan las pérdidas de recurso del sector sanitario [7], configurándose una vulneración al derecho de información. 

La SiSS elaboró en 2023 un informe de análisis crítico de datos de empresas sanitarias, el cual fue llevado a cabo por la consultora PROYES [8] y desvela una alta incongruencia en los datos reportados al ente fiscalizador, indeterminaciones o simplemente vacíos en los datos de las empresas del Grupo Aguas. Más específicamente, destacar la grave omisión de información de Aguas Andinas y Aguas Manquehue en torno a caudales no informados de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y PTAS. Si promediamos estos datos, estaríamos ante una deficiencia de información de aproximadamente 70.000[m3] para cada localidad “pequeña” de Aguas Andinas, y un promedio de aproximadamente 100.000[m3] por localidad para Aguas Manquehue. Lo que significaría, sólo en este período, una desaparición de unos 240.000[m3] [8] en los 20 meses que duró la investigación. 

Aguas No Contabilizadas

Las aguas no contabilizadas (ANC) o aguas no facturadas (ANF) representan la diferencia entre el agua producida y el volumen facturado a los usuarios, esta diferencia oscila anualmente entre el 30% y 40% de la producción total, cuando otros países de la OCDE no llegan al 20% (España con un 16% [9], Croacia un 12% o Polonia un 17% [10]). Este porcentaje incluye un volumen de pérdidas físicas de agua en la infraestructura, pero también pérdidas aparentes y otros usos de agua no facturados, como el suministro de bomberos, consumo de campamentos no registrados, usos propios de las empresas y también ilícitos. Para evitar los usos ilícitos, como pozos ilegales, se hace super relevante la transparencia de las pérdidas reales para poder proteger este recurso en constante escasez y poder determinar qué sucede en ciertas localidades de la capital de Chile que reportan elevados porcentajes de aguas exentas de facturación en el informe consolidado de PROYES: Aguas Andinas con localidades por sobre el 50%-60% y Aguas Manquehue con una pérdida del 75% en la localidad de El Chamisero.

Con los pocos datos que entregan las empresas y la SiSS no ha sido posible determinar con certeza el origen de estas pérdidas ni el destino final de estos caudales [7]. 

Falencias del ente fiscalizador

Existen deficiencias en el sistema actual que están permitiendo estos aparentes abusos por parte del SGAB/Agbar. Ejemplo de ello es la capacidad de fiscalización real que posee la superintendencia de servicios sanitarios. En 2015 ya se detectaron problemas en la verificación de la veracidad y consistencia de los datos reportados por las empresas sanitarias, incluida la mayor distribuidora, Aguas Andinas [11]. 

La SiSS es una de las Superintendencias con menor presupuesto, junto con la de Medioambiente. Por lo que era irrisorio esperar que se puedan aplicar las exigencias necesarias a las empresas sanitarias conociendo de antemano el omisivo operar de estas. Ademnás, durante el período de investigación, no se otorgó toda la información solicitada por los portales de Transparencia sobre la información contenida en los informes emitidos por las empresas sanitarias a la Superintendencia. Cabe destacar especialmente la ausencia de información sobre la calidad del agua que es devuelta a los caudales superficiales desde las plantas potabilizadoras de agua potable y aguas servidas (PR017005).

Derecho a la libertad y seguridad

Durante el año 2020 AES Andes (parte de la transnacional AES Corporation) contrató servicios de ciberinteligencia para espiar e infiltrar a los grupos de activistas [12] que se oponían al proyecto Alto Maipo. La empresa en cuestión recibió pagos de AES Gener por la generación de informes, entrega de información personal e infiltración en grupos privados de mensajería digital. En palabras de las activistas, el actuar de la transnacional “es un acto de amedrentamiento, ilegítimo en un conflicto ambiental y que vulnera las garantías constitucionales de seguridad.”

Esta vulneración de derechos no solo vulnera garantías constitucionales chilenas, sino también tratados internacionales suscritos por Chile. En este caso, vulnera el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) [13] que establece que :” Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Lamentablemente y a pesar de los acuerdos suscritos por el Estado de Chile en asuntos ambientales, a la hora de aplicar el tratado,  la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó el recurso de protección [14] interpuesto por las defensoras ambientales en contra del proyecto Alto Maipo.  

Afectación Socio-Ambiental

Eventos críticos Evitables

Cientos de veces, a lo largo de estos últimos 10 años [15], se ha denunciado el deplorable estado de las redes de alcantarillado en Santiago [16] y se ha evidenciado en cada época pluvial, el colapso de estas [17] y el actuar reactivo y tardío de los responsables: Las empresas Sanitarias [18]. Siendo este uno de los principales problemas del sector sanitario, la tasa de reposición de las redes del Grupo Aguas es la más baja, sobretodo si se compara con las ganancias que obtienen y las transacciones realizadas con empresas filiales. La falta de inversión se evidencia en roturas reiteradas en las infraestructuras, lo que genera malestar entre los habitantes y apoyo por parte de la comunidad académica hacia las demandas de mayor inversión en mantenimiento y mejora [19]. Las consecuencias negativas de esta falta de responsabilidad social son variadas y  dependen directamente del evento crítico en cuestión, pero siempre significan la paralización del servicio entregado y daño estructural a las viviendas o inmediaciones de los damnificados.

Balance hídrico Metropolitano

Como hemos visto, la capacidad de decisión de Aguas Andinas y sus filiales se dirige hacia la optimización del capital invertido, es decir, el aumento de las ganancias propias y de los accionistas mayoritarios de las altas gerencias (Suez/Veolia), en vez de priorizar la inversión en entregar un servicio que se adecúe a las necesidades de la población. La razón de la preocupación ante las cuestionables gestiones de Aguas Andinas, es la magnitud de sus derechos de agua.

El Río Maipo posee caudales que oscilan entre los 50.000 l/s en épocas de bajas precipitaciones y hasta 130.000 l/s en invierno [20]. De este caudal, el Grupo Aguas, principalmente Aguas Andinas, posee derechos de aprovechamiento por 74.333 l/s (57%), más de lo que puede aportar el río en época estival. Todo esto sin considerar que existen otras actividades económicas como la agricultura y la minería que también utilizan caudales del mismo río. Es decir, estamos ante una administradora de casi el total del recurso hídrico (sobreotorgado) que fluye para consumo humano y ecológico. Administradora la cual, hemos demostrado, incurre en faltas importantes a la ley. Por lo tanto, los proyectos hidroeléctricos en estas zonas, que están siendo impulsados y cofinanciados (infraestructura) por la empresa para sólo dar servicio sanitario, preocupan por el poder hídrico que posee Aguas Andinas, teniendo la mayor potestad sobre los caudales que, por Ley, pertenecen realmente a toda la población chilena.

Fuente