Adoración Guamán es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València lleva más de una década dedicándose al estudio de vulneraciones de DDHH por parte de empresas transnacionales. Ha sido asesora del gobierno de Ecuador para el Binding Treaty y es una de las juristas que ha redactado el anteproyecto de Ley Española de Diligencia Debida empresarial (en estos momentos, en borrador).
Para Guamán, el texto del Centro de Empresa y DDHH está correctamente enfocado. Tiene en cuenta el problema fundamental, que es que existe un aumento constante de violaciones de DDHH por parte de las empresas transnacionales.
El problema de las violaciones de DDHH y los daños al medio ambiente se deriva de las cadenas de valor que concentran una proporción cada vez mayor del comercio mundial. Aclara que no estamos hablando de las PYMES o empresas que no tienen cadena de suministro, sino de la acción de las transnacionales, que son las que articulan su acción a través de estas cadenas de valor.
Ante este problema, el derecho internacional no ofrece un marco jurídico para obligar a las transnacionales a respetar los DDHH y respetar el ambiente y, como consecuencia, se produce una situación de impunidad e indefensión. La única experiencia actualmente en ciernes para superar éste “ángulo muerto del Derecho Internacional” es el Binding Treaty (Tratado Vinculante), que nace de las carencias de los Principios Rectores, reconocidas por el mismo grupo que los creó. Los principios rectores no son hard law.
El entorno estatal está solucionando este vacío a través de la Diligencia Debida. La norma de Diligencia Debida, cuyo ejemplo es la ley francesa, establece medios y un camino entre el establecimiento de responsabilidades a las empresas por los actos cometidos en el exterior y la mera voluntariedad, como la RSC.
Todas las normas de Debida Diligencia vigentes – excepto la Noruega- se dirigen a las grandes empresas, no a las PYMES. Dado que los problemas que ingtentan combatir son los derivados de la transnacionalización, y las PYMES no tienen cadena de valor.
En el ámbito europeo tenemos la experiencia de la Directiva Europea, pero ésta no está orientada a la protección de DDHH y se aplica a empresas muy grandes.
Para Guamán, el Centro Catalán de Empresa y DDHH es una iniciativa de vanguardia en la protección al medio ambiente y los DDHH, no existe algo similar en el ámbito comparado, y a la vez es perfectamente compatible con el anteproyecto de la Ley estatal de Diligencia Debida. El Parlament de Catalunya ha detectado muy bien los problemas. Guamán recomienda mejoras en los artículos 2 y 3 para ampliar el alcance a las cadenas e incluir los daños mediambientales, entre otras modificaciones técnicas. El Centro Catalán de Empresa y DDHH funcionaría a modo de think tank que impulse normativas y buenas prácticas, da la oportunidad de notificar a las empresas
“Las empresas no tienen derecho de participación política, por lo tanto, no es necesario introducir a las empresas en el Centro Catalán de Empresa y DDHH”.
Adoración Guamán
“El Centro Catalán de Empresa y DDHH es una iniciativa que beneficia a las empresas con sede en Catalunya y que ya cumplen en el respeto a los DDHH y el medio ambiente”.
Adoración Guamán