Marco Aparicio Wilhelmi es doctor en Derecho Público por la UAB (2002) y profesor agregado Serra Húnter de Derecho constitucional a la UdG. Actualmente es coordinador del Programa interuniversitario de doctorado en Derecho, Economía y Empresa (UdG). Es director de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible (UdG). Es presidente del Observatorio DESC y miembro de la Junta de la ICIP.
Hay una conciencia colectiva del agotamiento de los marcos voluntarios en lo referente a empresas y Derechos Humanos, y esto se ha visto en diferentes entornos como Naciones Unidas, en el marco estatal o subestatal.
Existe una inmensa asimetría que se tiene que combatir, y también es tarea subestatal.
Los Principios Rectores, de carácter voluntario, tenemos el Tratado de Naciones Unidas, con 8 rondas de discusión en NNUU e importantes avances como la Ley de Modern Slavery Act, donde hay una clausula que obliga a ser transparente en la cadena de suministro, la Ley francesa sobre el Deber de Vigilancia, una iniciativa suiza muy interesante sobre negocios responsables, la ley de Transparencia de Noruega de 2021 o la ley alemana de transparencia en cadenas de suministro. Es importante sumarnos a éste contexto.
En el Estado Español hay un borrador de Ley Estatal, así como precedentes como la 26/1007 de Responsabilidad Ambiental.
No sabemos cuál será el recorrido del Tratado de Naciones Unidas, tampoco sabemos a nivel estatal qué pasos se podrán dar, pero sí que podemos dar progresión a la ley Catalana.
Sabemos que el número de empresas que pueden quedar afectadas por la Ley catalana de Empresa y Derechos Humanos es un número reducido. No afectaría centralmente tirar adelante iniciativas pioneras en nuestro país.
La Ley del Centro catalán de empresa y DDHH es una ley precavida con algunas de sus previsiones, pero es una propuesta de vanguardia, porque es una herramienta de participación público social y autónoma, que asegura la participación de entidades sociales. Permite realizar investigaciones que permiten sanear la manera que la Generalitat realiza el acompañamiento a las empresas.
Es una ley necesaria por coherencia. No hay otro tipo de duplicación de funciones con otras iniciativas que están en marcha, sino que podría establecer otras vías de colaboración con otros niveles de competencias.
Finalmente, es una ley que goza de un amplio consenso social.
Es importante que el centro pueda recibir incorporaciones del sector empresarial, pero un centro que tiene como competencias la supervisión y el seguimiento de posibles denuncias, puede generar un conflicto de intereses. Por tanto, éstas empresas no deberían formar parte del núcleo de decisiones.
MARCO APARICIo
La propuesta de la ley es humilde y precabida en cuanto a su capacidad sancioandora, pero tiene la capacidad de hacer pedagogía.
marco aparicio