El Ayuntamiento de Barcelona excluye de la contratación pública a las empresas incluidas en la lista de Naciones Unidas en los asentamientos ilegales israelíes.
El pasado 30 de mayo de 2025, el Ayuntamiento de Barcelona tomó la decisión de excluir de la contratación pública a las empresas incluidas en la Base de Datos de las Naciones Unidas por su participación en actividades económicas en los asentamientos israelíes ilegales en el Territorio Ocupado de Palestina (ToP). Reproducimos el comunicado del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE), que celebra esta decisión e insta a la Generalitat y al Estado español a sumarse a esta iniciativa de coherencia y respeto a los derechos humanos. El ODHE hace también un llamamiento a las instituciones para que excluyan de la contratación pública a más empresas que, pese a vulnerar de forma reiterada los derechos humanos en Palestina, no figuran actualmente en la Base de Datos de las Naciones Unidas.
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) -iniciativa impulsada por SUDS y NOVACT) celebramos la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona, el pasado 30 de mayo, de excluir de sus procesos de contratación pública a aquellas empresas que figuran en la Base de Datos de Naciones Unidas por participar en actividades económicas en los asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Ocupado de Palestina (ToP). Se trata de una resolución imprescindible para cumplir con el deber de coherencia de las instituciones públicas con los principios de justicia global y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. En concreto, es una decisión que alinea las políticas de contratación pública con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (PRNU), así como con el mandato del Consejo de Derechos Humanos que insta a los Estados a tomar medidas para evitar cualquier vínculo institucional, comercial o financiero con actores empresariales que vulneren los derechos humanos.
La Base de Datos publicada por la ACNUDH en 2020 identifica empresas implicadas en la construcción, mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales, así como en la explotación de los recursos naturales del pueblo palestino. Estas actividades, prohibidas por el Derecho Internacional, socavan el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y perpetúan un régimen de desposesión y apartheid.
La decisión del Ayuntamiento de Barcelona, adoptada en el marco de una moción promovida por grupos municipales, lleva años impulsada por la sociedad civil. Nuestro informe “ La Base de Datos de Naciones Unidas de empresas cómplices con los asentamientos israelíes en el Territorio Ocupado de Palestina. Impacto, limitaciones y oportunidades para el uso y desarrollo del instrumento ” , publicado en 2022, hacía una petición explícita a las instituciones para que excluyeran de su contratación pública a las empresas citadas en la Base de Datos y asumieran así el principio de no colaboración con vulneraciones graves del derecho internacional.
Esperamos que estas políticas de contratación se apliquen también a otras entidades públicas donde el Ayuntamiento tiene participación . Un ejemplo es la contratación de Alstom —multinacional francesa involucrada directamente en la construcción y funcionamiento del Tren Ligero de Jerusalén, así como en proyectos de energía solar en territorios ocupados— por parte de la ATM, en pleno genocidio, como ya denunciamos .
La decisión del Ayuntamiento de Barcelona contribuye a romper el ciclo de impunidad que ha favorecido durante décadas a empresas que se enriquecen con el empleo, y demuestra que es posible implementar políticas públicas coherentes con los derechos humanos, que la contratación pública puede ser una herramienta para la justicia global, y que el poder local tiene un papel clave en la rendición de cuentas ante las vulneraciones.
Es una medida imprescindible, pero que llega tarde y es insuficiente. Estas empresas llevan décadas operando de forma ilegal en tierra ocupada Palestina. Es responsabilidad de todas las administraciones públicas de no contratar a empresas que vulneran los derechos humanos de forma flagrante . Por otro lado, aunque esta base de datos es un primer paso, hay muchas empresas que trabajan en territorio ocupado y aunque su presencia y operación allí está altamente documentada, como por ejemplo la empresa CAF, no salen en la Base de Datos. Es necesario que el Ayuntamiento de Barcelona siga buscando maneras para no destinar dinero público a ninguna empresa que se lucra de trabajar en territorio ocupado.
Instamos a otras administraciones públicas -el Estado español, la Generalidad de Cataluña y las administraciones locales- a seguir este camino: revisar sus contratos, aplicar cláusulas de exclusión y contribuir a la actualización y uso efectivo de la Base de Datos de Naciones Unidas como herramienta de prevención, transparencia y reparación.
Reiteramos que esta medida no habría sido posible sin el enorme esfuerzo de investigación, sensibilización e incidencia que, desde hace años, llevan a cabo entidades y colectivos de la sociedad civil. En concreto, grupos como el Grupo de Contratación Pública Socialmente Responsable o el conjunto de entidades que llevan años impulsando el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos . Lamentamos que las instituciones no hayan actuado hasta llegar a la situación tan extrema y grave de genocidio contra el pueblo palestino, cuando la adopción de estas herramientas es de obligado cumplimiento.