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Por Marya Farah, Marta Ribera y Sanyu Awori, coalición Feministas por un Tratado Vinculante
Desde hace once años, los gobiernos se reúnen en Ginebra para negociar un tratado que obligue a las corporaciones transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometen. Con la próxima ronda de negociaciones a punto de comenzar, en un contexto marcado por la crisis climática, los conflictos y el genocidio —a menudo impulsados o facilitados por intereses empresariales—, la urgencia es más evidente que nunca.
Lo que se necesita ahora no es cualquier tratado, sino uno feminista: un tratado que acabe con la impunidad corporativa, ponga en el centro a las personas más afectadas y les dé poder para reclamar sus derechos y acceder a la justicia.
Mientras somos testigos del genocidio cometido por Israel, las empresas de armamento, tecnología y vigilancia han visto aumentar sus beneficios. Como señaló la relatora especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, “el genocidio es rentable”.
Esta violencia se sostiene sobre una infraestructura creada para servir al poder corporativo.
Hemos visto el genocidio retransmitido en directo desde nuestros teléfonos móviles, fabricados con minerales extraídos en lugares donde persisten otras atrocidades cometidas por empresas tecnológicas y de otros sectores.
Minerales procedentes de países como la República Democrática del Congo alimentan el comercio y los beneficios globales —también en la industria tecnológica— mientras devastan comunidades locales. En todo el mundo, desde Filipinas y Madagascar hasta Argentina, esta carrera voraz por los recursos minerales está causando destrucción ambiental y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.
Gobiernos y empresas promueven la expansión minera en nombre de una “transición verde”, pero lo hacen sin asumir responsabilidades por la destrucción causada por las empresas de combustibles fósiles, y sin un plan de transición justa que priorice a las personas sobre el beneficio económico. Esto no es acción climática, sino colonialismo verde, y seguirá afectando el acceso de las mujeres a la tierra, al agua y a los recursos naturales y agrícolas.
Un enfoque feminista exige ver todas estas luchas no como crisis separadas, sino como partes de un mismo sistema que debemos transformar.
Las mujeres y las personas con identidades de género diversas sufren de forma específica los abusos corporativos y enfrentan múltiples formas de discriminación. Las mujeres rurales e indígenas soportan riesgos extremos por la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la explotación empresarial, al tiempo que son sistemáticamente excluidas de los espacios donde se toman decisiones sobre su futuro.
La desigualdad económica agrava estas vulnerabilidades: la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo informal, los salarios más bajos y la carga del trabajo de cuidados no remunerado crean un círculo vicioso que las expone a la violencia y la explotación.
La crisis climática hace que estas injusticias sean aún más graves. A medida que las corporaciones acaparan tierras y recursos, las mujeres pierden el acceso a sus hogares y a los medios de vida de sus comunidades. Son también defensoras ambientales y esenciales para construir resiliencia colectiva, pero los abusos empresariales las afectan de forma desproporcionada, igual que a otras comunidades marginadas por la discriminación estructural: personas queer, con discapacidad o pertenecientes a pueblos indígenas.
Desde Feministas por un Tratado Vinculante reafirmamos nuestra demanda central: el marco jurídico y el proceso de redacción del tratado deben basarse en las voces y el liderazgo de las mujeres y comunidades de género diverso más afectadas por los abusos corporativos, que a menudo quedan fuera de los espacios donde se decide. Sus experiencias y formas de resistencia son esenciales para construir un tratado que desafíe los sistemas que permiten el daño estructural y que garantice justicia.
El proceso del Tratado Vinculante es, en esencia, una lucha decolonial. Sin embargo, nos preocupa cómo los desequilibrios de poder han distorsionado las negociaciones hasta ahora.
Los intereses empresariales de los países donde tienen sede las grandes corporaciones transnacionales siguen participando activamente en las sesiones como organizaciones acreditadas ante la ONU, reforzando a menudo posiciones que protegen sus propios intereses.
Mientras tanto, las defensoras de derechos humanos y las comunidades afectadas del Sur Global enfrentan obstáculos financieros, políticos y estructurales para participar. Sus voces siguen estando infrarrepresentadas en Ginebra, igual que en otros espacios multilaterales como las negociaciones climáticas de la COP. Así opera la captura corporativa: silenciando a quienes más sufren las consecuencias y amplificando los intereses de quienes el tratado debería regular.
Frente a los beneficios obtenidos del conflicto y el genocidio, el colonialismo verde y la captura corporativa de los espacios de decisión, un tratado feminista y vinculante no solo es necesario: es urgente.
Solo un marco que sitúe en el centro los derechos y el liderazgo de las mujeres, las personas de género diverso, los pueblos indígenas y las comunidades afectadas podrá cuestionar la impunidad corporativa y construir un futuro basado en la justicia y la responsabilidad.
Marya Farah, Marta Ribera y Sanyu Awori son integrantes de Feministas por un Tratado Vinculante, una coalición que agrupa a una amplia y diversa red de mujeres y personas de género diverso que aportan sus experiencias, análisis y conocimientos al proceso por un Tratado Vinculante.