Por Marya Farah, Marta Ribera y Sanyu Awori, coalición Feministas por un Tratado Vinculante
Leer el artículo en inglés en business-humanrights.org
Durante 11 años, los gobiernos se han reunido en Ginebra para negociar un tratado vinculante que responsabilice a las corporaciones transnacionales por las violaciones de derechos humanos que cometen. Con la próxima ronda de conversaciones prevista para comenzar el lunes, en un contexto de crisis climática, conflictos y genocidio -a menudo impulsados o facilitados por intereses corporativos-, la urgencia nunca ha sido mayor.
Lo que se necesita ahora no es simplemente un tratado, sino un tratado feminista que desmantele la impunidad corporativa, sitúe en el centro a las personas más afectadas y les otorgue poder para reclamar sus derechos y acceder a la justicia.
Hemos presenciado cómo, mientras se perpetraba el genocidio de Israel, las empresas de armamento, tecnología y vigilancia han visto crecer sus beneficios. Como señaló la Relatora Especial de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese: “el genocidio es rentable”.
Esta violencia se sostiene sobre una infraestructura construida para servir al poder corporativo.
Hemos presenciado el genocidio retransmitido en directo en nuestros teléfonos móviles, fabricados con minerales extraídos de contextos donde persisten otras atrocidades cometidas por empresas tecnológicas y de otros sectores.
Minerales provenientes de países como la República Democrática del Congo alimentan el comercio y los beneficios globales -incluido el de los equipos tecnológicos- mientras devastan comunidades locales. En todo el mundo, desde Filipinas y Madagascar hasta Argentina, esta carrera voraz y sin fin por los minerales está causando destrucción ambiental y vulnerando los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los gobiernos y las corporaciones impulsan la expansión minera en nombre de una “transición verde”, pero estas discusiones se desarrollan sin rendición de cuentas por la destrucción ya causada por las empresas de combustibles fósiles, y sin un plan de transición justa que priorice a las personas por encima del lucro. Esto no es acción climática, es colonialismo verde, y seguirá afectando el acceso de las mujeres a la tierra, al agua limpia y a los recursos agrícolas y naturales.
Un análisis feminista exige que veamos estas luchas no como crisis separadas, sino como interconectadas y parte del mismo paradigma que buscamos desmantelar.
En efecto, las mujeres y las personas con identidades de género diversas sufren de manera específica los abusos corporativos y experimentan múltiples formas de discriminación. Las mujeres rurales e indígenas enfrentan riesgos extremos por la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la explotación empresarial, al tiempo que son sistemáticamente excluidas de los espacios de decisión sobre su propio futuro.
La desigualdad económica agrava estas vulnerabilidades: la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo informal, los salarios más bajos y la carga del trabajo de cuidados no remunerado generan un ciclo que las expone a la violencia y la explotación.
La crisis climática hace que estas injusticias sean aún más urgentes. A medida que las corporaciones acaparan tierras y recursos, las mujeres pierden el acceso a sus hogares y a los medios de vida de sus comunidades. Las mujeres son tanto defensoras ambientales como clave para construir resiliencia en sus comunidades, pero los abusos corporativos las afectan de forma desproporcionada, junto con otros grupos marginados por la discriminación estructural, como las comunidades queer, las personas con discapacidad y los Pueblos Indígenas.
Como integrantes de Feministas por un Tratado Vinculante, reafirmamos nuestra exigencia central: el marco jurídico y el proceso de redacción del tratado deben basarse en las voces y el liderazgo de las mujeres y comunidades de género diverso más afectadas por los abusos corporativos, que con demasiada frecuencia son excluidas de los espacios donde se toman las decisiones. Sus experiencias vividas y sus resistencias son esenciales para construir un tratado que cuestione los sistemas que permiten el daño sistémico y que garantice justicia.
Como han señalado otras voces, el proceso del Tratado Vinculante es, en su esencia, una “lucha decolonial”, y nos sigue alarmando cómo los desequilibrios de poder han distorsionado las negociaciones hasta ahora.
Los intereses corporativos de los países donde tienen sede las corporaciones transnacionales más poderosas continúan participando activamente en las sesiones como organizaciones acreditadas ante la ONU, reforzando con frecuencia posturas que protegen dichos intereses.
Mientras tanto, las defensoras de derechos humanos y las comunidades afectadas del Sur Global enfrentan barreras financieras, políticas y estructurales para participar en las sesiones. Sus voces siguen estando subrepresentadas en Ginebra, al igual que en otros espacios multilaterales como las negociaciones climáticas de la COP.
Así es como la captura corporativa opera: silenciando a las personas más afectadas y amplificando los intereses que el tratado busca precisamente regular.
Frente al lucro derivado del conflicto y el genocidio, el colonialismo verde y la captura corporativa de los espacios de decisión, un tratado feminista y vinculante no solo es necesario: es urgente.
Solo a través de un marco que sitúe en el centro los derechos y el liderazgo de las mujeres, las personas de género diverso, los Pueblos Indígenas y las comunidades afectadas podremos cuestionar la impunidad corporativa y construir un futuro basado en la justicia y la rendición de cuentas.
Marya Farah, Marta Ribera y Sanyu Awori son miembros de Feministas por un Tratado Vinculante, una coalición que representa una amplia y diversa red de mujeres y personas de género diverso, cuyas experiencias, análisis y conocimientos colectivos contribuyen al proceso por un Tratado Vinculante.