La Propuesta de Ley de creación de un organismo de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las empresas que operan en Cataluña y al exterior se ha registrado en el Parlamento de Cataluña con el apoyo de PSC, ERC, Junts, CUP y Comunes. El Parlamento ya se ha posicionado hasta tres veces a favor de la creación de este Centro con diferentes resoluciones desde el año 2016.
Nuevo acuerdo político de la sociedad civil para sacar adelante una propuesta legislativa pionera al mundo. Hoy se ha registrado en el Parlamento de Cataluña la Propuesta de Ley de creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos, con el apoyo de los grupos parlamentarios de Socialistas Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem. La propuesta ha sido elaborada por el Grupo catalán de Empresa y Derechos Humanos que forman Lafede.cat – Organizaciones para la Justicia Global y la Taula Catalana por la Pau y los Derechos Humanos en Colombia, ambas plataformas de entidades del tercer sector. En total, más de 8.000 entidades de la sociedad civil apoyan a la creación de este organismo pionero.
En la rueda de prensa que se ha celebrado en el Parlamento, Amaia Garcia, portavoz de las entidades promotoras, ha expresado que “el futuro Centro catalán de Empresa y Derechos Humanos velará para que la internacionalización de la economía catalana no genere impactos negativos ni vulnere derechos humanos, especialmente en los países más empobrecidos”.
El Centro catalán de Empresa y Derechos Humanos es una propuesta referente en el Mundo en la evaluación del impacto sobre los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las operaciones de las empresas que operan en Cataluña y en el exterior. En este sentido, Marco Aparicio, también portavoz del Grupo ha señalado que “el Centro catalán de Empresa y Derechos Humanos es un organismo público, independiente y con participación de la sociedad civil que es único y necesario; confiamos que pronto acontezca una realidad”. Aparicio ha destacado algunas de las funciones que tendría el Centro: investigar demandas de posibles vulneraciones de derechos de las empresas, acompañar las comunidades afectadas, pedir a las empresas que participen en procesos de esclarecimiento de estas investigaciones y sancionar a las empresas que se nieguen a responder a los requerimientos de información.
El Parlamento de Cataluña ya ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la creación de este Centro con tres resoluciones desde el 2016, por unanimidad o mayoría absoluta. Con este Centro, Cataluña sería pionera en la defensa de los derechos humanos en el mundo, al garantizar la actuación responsable de las empresas transnacionales que operan en Cataluña, tal como se está solicitando desde Naciones Unidas.
El futuro Centro de Empresas y Derechos Humanos velará para que el proceso de internacionalización de la economía catalana no genere impactos negativos, especialmente a los países más empobrecidos, y será el instrumento que garantizará la coherencia entre las políticas económicas, de acción exterior y de cooperación internacional.
El Centro será un organismo público e independiente que rendirá cuentas a la sociedad civil, al Parlamento y al Gobierno de la Generalitat. Su principal objetivo será el seguimiento y evaluación del impacto de las empresas catalanas o transnacionales con presencia en Cataluña, sobre los derechos humanos o el medio ambiente, a comunidades o regiones otros países. Este organismo público supondrá un importante adelanto en la regulación del sector empresarial en materia de derechos humanos y de defensa del medio ambiente. Más de 3.000 empresas catalanas operan al exterior, de forma directa o mediante más de 7.500 filiales.
Las entidades de paz, cooperación y derechos humanos trabajan desde el año 2014 para hacer realidad este Centro que, creen, aumentará el impacto estratégico de la política de cooperación internacional y se convertirá en un ejemplo de coherencia de políticas públicas, tal como establece la Ley catalana de Cooperación y la ley de Acción Exterior. La web AlertaDH compila diferentes casos y ejemplos de vulneración de derechos humanos por parte de empresas catalanas, identificados e investigados por el Grupo de Empresa y Derechos Humanos.
Si hace un año la propuesta estaba impulsada por dos plataformas de segundo nivel que representan unas 150 entidades, esta vez son más de 8.000 las organizaciones sociales que apoyan. La iniciativa tiene el apoyo de los principales sindicatos de Cataluña (CCOO Catalunya, la UGT de Catalunya y la Intersindical-CSC), así como dels Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, organismo con 319 socios, de los cuales 287 son ayuntamientos (que representan el 85% de la población catalana), 14 consejos comarcales, 4 diputaciones, una mancomunidad y 13 entitades y ONG. También dan su apoyo el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya y el Consell de la Joventut de Barcelona, el Consell d’Associacions de Barcelona y numerosas organizaciones sociales como son la oAESCAT (Associació d’Economia Solidària de Catalunya), una entidad de cuarto nivel que aglutina 7.422 organizaciones y agrupa las principales plataformas de representación de las diferentes familias de la economía social de Cataluña: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Mutualitats de Catalunya y la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. También dan su apoyo el Col·lectiu Ronda d’advocats i advocades y otras plataformas sociales y cívicas como son la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, Mujeres Migrantes Diversas, Rebel·lió o Extinció Barcelona y el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.
El Grupo catalán de Empresa y Derechos humanos está conformado por 18 entidades de dos plataformas diferentes, Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global y la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. El Grupo cuenta, además, con personas investigadoras expertas del TNI – Transnational Institute, así como de diferentes universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Rovira i Virgili y Universidad del País Vasco). Las 18 entitats son: Alianza por la Solidaridad, AlterNativa Intercanvi amb Pobles indígenes, Amnistia Internacional Catalunya, Centre Delàs, CooperAcció, Entrepobles, Enginyeria Sense Fronteres, Farmamundi, Fundació Pau i Solidaritat – CCOO Catalunya, Justícia Alimentària Global, Justícia i Pau, NOVACT, Observatori DESC, ODG, SETEM, Sindicalistes Solidaris – UGT Catalunya, SUDS i Brigades Internacionals de Pau de Catalunya (PBI) como entidad observadora.