Ingeniería Sin Fronteras (ISF) ha publicado un nuevo dictamen jurídico sobre la futura aplicación de la propuesta de ley para la creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos (CCEDH). El documento, impulsado por ISF y elaborado por Alejandra Durán Castellanos, miembro de la cooperativa CICrA Justicia Ambiental, analiza en profundidad el potencial del Centro como mecanismo público para hacer frente a las vulneraciones de derechos humanos y ambientales vinculadas a la actividad empresarial.
En un contexto global marcado por el extractivismo, la crisis climática y la persistencia de la impunidad de las empresas transnacionales —especialmente en el Sur global—, este dictamen sitúa al CCEDH como una herramienta clave para avanzar en la coherencia de políticas, la responsabilidad corporativa y el acceso efectivo a la justicia para las comunidades afectadas.
En un momento en el que el Parlamento de Cataluña avanza en la creación del Centro, el dictamen adquiere una especial relevancia: aporta herramientas jurídicas y propuestas concretas para garantizar que el futuro Centro sea eficaz, independiente y con capacidad de incidencia, y para dotar al país de un mecanismo pionero en Europa.
El estudio parte de una constatación clara: las vulneraciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales siguen siendo estructurales y sistemáticas, a pesar de la existencia de instrumentos internacionales y europeos de diligencia debida. Los mecanismos actuales —a menudo basados en normas voluntarias o en obligaciones de medios, y no de resultados— son insuficientes para garantizar reparación, rendición de cuentas y prevención efectiva. En este escenario, el CCEDH emerge como una propuesta singular en el ámbito europeo: un organismo público, independiente y promovido por la sociedad civil, con capacidad para prevenir, investigar, evaluar y supervisar las actuaciones en el exterior de las empresas que operan en Cataluña.
El dictamen ofrece un análisis en profundidad del marco jurídico actual en materia de empresas y derechos humanos, tanto a escala internacional como europea y estatal. Sitúa el debate sobre la diligencia debida y la Directiva europea CSDDD en relación con sus limitaciones reales, y lo contrapone a propuestas más ambiciosas como el Tratado Vinculante de Naciones Unidas.
A partir de este contexto, el estudio analiza el valor añadido que puede aportar el Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos en comparación con otros mecanismos ya existentes, como los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, experiencias en Alemania o Dinamarca, o las autoridades estatales de control previstas por la Directiva, poniendo el foco en aquello que lo hace realmente singular: su capacidad de investigar casos concretos, supervisar la actuación empresarial en el exterior e interpelar directamente a las administraciones públicas.
El dictamen profundiza especialmente en el potencial del CCEDH para reforzar el acceso a la justicia y la reparación, a través de la investigación de casos concretos, la publicación de informes públicos y la rendición de cuentas de las empresas que operan en Cataluña.
Finalmente, el documento identifica los principales retos pendientes para garantizar que el futuro Centro sea realmente eficaz e independiente, señalando cuestiones clave como su gobernanza, el régimen sancionador, el procedimiento de recepción de quejas y las garantías de independencia y accesibilidad para las comunidades afectadas.
Una de las aportaciones más relevantes del estudio es la aplicación práctica de la propuesta del CCEDH al caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, en Colombia, un ejemplo paradigmático de impactos graves sobre los derechos humanos, el medio ambiente y las comunidades locales en el Sur global.
A partir del trabajo con la organización Asoquimbo, que representa a las comunidades afectadas, el dictamen muestra cómo podría intervenir el futuro CCEDH: desde la recepción de una queja colectiva hasta la investigación exhaustiva, la solicitud de información a la empresa y la publicación de un informe con efectos reparadores y de incidencia política.
Este ejercicio pone de manifiesto la importancia de que el CCEDH sea accesible, seguro y útil para las comunidades, especialmente para las defensoras de derechos humanos que enfrentan amenazas, criminalización y falta de transparencia.
En un contexto europeo en el que tienden a rebajarse las obligaciones de transparencia y responsabilidad empresarial, este dictamen concluye que el CCEDH no es solo viable, sino necesario. No como un órgano técnico más, sino como un mecanismo público con capacidad real de incidencia, orientado a situar los derechos humanos y la justicia ambiental por delante del lucro corporativo.
Este estudio quiere contribuir al debate parlamentario y social, aportando argumentos jurídicos y políticos para que Cataluña dé un paso adelante en la lucha contra la impunidad empresarial. Descargar el dictamen completo (en catalán).