Una mirada feminista a la denuncia de las políticas de muerte

Cuando se estudian los daños que causan los proyectos extractivos, como una mina, una central hidroeléctrica o una gran extensión de monocultivos, con frecuencia se insiste en los impactos que tienen para el medio ambiente. Se contamina el agua, se desecan unas zonas, se inundan otras, se talan árboles, se ensucia el aire. Por eso decimos que se despliegan políticas de muerte, porque se atenta contra las formas de vida presentes en el territorio.

A estos daños ambientales, a este ecocidio, se le suman las vulneraciones a los derechos de las personas que viven y resisten en los lugares donde se instalan estos proyectos: su derecho al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la salud o al trabajo, pero también a la preservación de su cultura, a la educación o a vivir una vida libre de violencias.

La máquina de destruir la ponen en marcha las empresas transnacionales, con sede en países del norte global y con ámbito de actuación en países del sur global, allí donde buscan complicidades e impunidad. La historia colonial se repite como en un dèja vu: en vez de barcos, ahora llegan a los territorios de Abya Yala concesiones y licencias de obras que siembran caos, sufrimiento, desplazamiento, trauma, violencia. Muerte.

En todo este panorama, ¿qué sucede con las mujeres e identidades disidentes?

Esta pregunta es el punto de partida de la ‘Guía feminista para la denuncia de políticas de muerte’, elaborada por la organización feminista y de cooperación internacional Cooperacció y presentada el pasado mes de marzo en el marco del VIII Congreso de Economía Feminista en Barcelona. La guía se enmarca en una iniciativa, impulsada por más de 8.000 entidades y cooperativas, para la creación de un centro catalán de empresa y derechos humanos, un instrumento que busca combatir la impunidad de las empresas transnacionales que vulneran derechos humanos.

Desde Cooperacció, una de las entidades que impulsa la creación de este centro, se insiste en la necesidad de que las denuncias de las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas tengan una perspectiva feminista.

Para incorporar este enfoque, la guía propone algunas recomendaciones, ofrece ejemplos y sugiere puntos de vista que ayuden a elaborar informes, relevamientos de datos y denuncias que incluyan las vivencias y las afectaciones específicas sobre los derechos de las mujeres e identidades disidentes.

De esta forma, se busca, por un lado, una descripción más exacta y completa de las situaciones de violación de derechos en proyectos extractivistas transnacionales y, por otro, establecer políticas de prevención, atención, reparación y garantías de no repetición de los daños específicos causados sobre mujeres y disidencias.

La perspectiva feminista puede ayudar a ligar las causas de las defensoras de derechos humanos de territorios de Abya Yala con las luchas feministas a escala global, lo que a efectos prácticos puede traducirse en diferentes medidas de solidaridad: misiones de observación internacional, campañas de apoyo económico, programas de acogida internacional de defensoras, toma de decisiones de consumo responsables o iniciativas legislativas orientadas a la protección de defensoras y la sanción de las empresas responsables de la violación de derechos, entre otras.

Diferentes contextos, ataques similares

La guía parte del estudio de tres casos diferentes de intervención de empresas transnacionales relacionadas con el Estado español en territorios de Abya Yala para instalar proyectos extractivos: el intento de construcción de una represa hidroeléctrica en la comunidad de Santa Cruz de Barillas (Guatemala), a cargo de la empresa Ecoener-Hidrali; la construcción de la represa hidroeléctrica de El Quimbo en el departamento del Huila (Colombia), a cargo de la empresa Emgesa (filial de Endesa); y la ampliación de la terminal de contenedores para el comercio marítimo internacional en el puerto de Buenaventura (Colombia), a cargo de la empresa TCBuen, filial de la empresa TCB que opera en el puerto de Barcelona.

En algunos casos, los impactos específicos sobre las mujeres se relacionan con los estereotipos sexistas, la división sexual del trabajo y los roles de cuidados que ocupan dentro de sus familias o de sus comunidades. Estos roles hacen que mujeres y disidencias sean las primeras afectadas por los daños causados al ambiente. Por ejemplo, si una empresa se instala en un territorio y restringe el acceso de sus habitantes al agua, las mujeres serán las primeras en detectarlo, ya que por la distribución de roles en sus contextos son ellas las principales encargadas de utilizar el agua para tareas como limpiar, lavar, cocinar, regar o dar de beber a los animales.

No solo eso, sino que en algunas comunidades, como en el caso de El Quimbo, el agua también es un elemento recreativo para ellas: es donde acuden a reunirse, a bañarse, a celebrar eventos… por lo que estos paisajes tienen una significado emocional y su destrucción produce también un malestar psicológico.

También se detectaron ataques contra las mujeres por el hecho de ocupar roles de sostenimiento de la comunidad y de preservación de la cultura, como los de sanadoras, narradoras orales, parteras o consejeras (caso de Buenaventura). En estos casos, al atacar a las mujeres se busca atentar además contra las formas culturales y la identidad que representan y encarnan (etnocidio).

Algunas afectaciones constituían violencias específicas contra las mujeres* por su identidad de género. Es el caso, por ejemplo, del acoso sexual por parte de personal de seguridad que custodia las obras de las empresas (caso de Barillas) o de las agresiones sexuales perpetradas por actores armados (militares, paramilitares y guerrilleros en el caso de Buenaventura). En estas situaciones, la intención de la violencia es el control de los cuerpos: servir como castigo ejemplar, como un elemento aleccionador que actúe como amenaza contra toda la comunidad.

Las violencias invisibles

La guía también anima a poner atención en las violencias más invisibles, que frecuentemente son expresadas por las mujeres y disidencias. Se trata de los llamados daños inmateriales: todos los impactos que tienen que ver con aspectos emocionales y psicológicos, y que van más allá de cuantificar cuántas hectáreas han sido inundadas por una presa o cuántas familias han perdido sus casas.

Para abordar los aspectos inmateriales, la guía propone recuperar algunos conceptos. Por un lado, la noción de cuerpo-territorio que enuncian las feministas comunitarias de Iximulew (Guatemala), y que plantea una conexión entre los cuerpos y los territorios como una continuidad, de forma que los ataques sobre un territorio tienen repercusiones sobre las vidas y los cuerpos de sus habitantes. Por otro, la idea del contínuum de violencias, que incide en la memoria de las violencias múltiples e históricas que ha padecido una comunidad de personas; este enfoque es particularmente relevante en contextos como los de Colombia y Guatemala, en los que los conflictos bélicos han sido prolongados y recientes y donde existen personas que han sufrido desplazamiento forzado de sus comunidades debido a la violencia y la guerra, y que se ven nuevamente desplazadas cuando una empresa irrumpe en sus territorios. Según esta tesis, la violencia extractivista reactiva vivencias traumáticas en personas supervivientes y profundiza su sufrimiento. Este enfoque también incluye las violencias machistas que enfrentan las mujeres en contextos patriarcales desde antes de la llegada de las empresas.

Otros conceptos son los feminismos decoloniales, que comparan los procesos extractivistas actuales con el saqueo y despojo que se produjeron en la época colonial en territorios del sur global, y reconoce y denuncia las huellas no reparadas de los procesos de genocidio y esclavismo que se desarrollaron. Y otro sería la perspectiva interseccional, que reconoce y problematiza las diferentes situaciones de opresión que puede enfrentar una misma persona en función de las múltiples identidades que le afectan. Por ejemplo, el hecho de ser mujeres afrodescendientes (Buenaventura), campesinas (El Quimbo) o indígenas (Barillas) debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar los impactos específicos de las empresas sobre cada comunidad, y permite entender de manera diferenciada su particular relación con el territorio.

Ampliar la mirada

En la guía se plantean algunos ejemplos de cómo la mirada feminista debe ampliarse para comprender el contexto e ir más allá de los primeros relatos. Por ejemplo, cuando se describe una situación de persecución y de criminalización de defensores de derechos en una comunidad, puede que estos sean mayoritariamente hombres si estamos en un contexto patriarcal. Se propone entonces preguntarse también qué consecuencias (económicas, emocionales) ha tenido el encarcelamiento de estos líderes para las mujeres de la comunidad, y describir estas afectaciones como parte de las vulneraciones de derechos.

Además, propone ampliar conceptos como “afectaciones sobre la economía local”, para extenderlos al trabajo de cuidados no remunerado o al trabajo informal que a menudo desempeñan las mujeres, o incluir situaciones como el embarazo forzado dentro de la categoría de torturas, y no solo como una forma de violencia específica basada en género.

La guía también insiste en que es necesario reconocer la agencia que tienen las mujeres y personas disidentes sobre las situaciones que les afectan, y no presentarlas únicamente como víctimas pasivas. En ese sentido, se propone investigar y documentar las diferentes formas de resistencia desarrolladas por las mujeres de acuerdo son sus propias cosmovisiones y contextos: estrategias de solidaridad comunitaria como ollas comunes; ceremonias de duelo y de sanación colectiva; grupos de apoyo mutuo; organizaciones políticas; celebraciones en memoria de las víctimas de la violencia; estrategias de seguridad y protección, entre otras.

En resumen: la guía es un primer intento para direccionar una mirada que incluya a las mujeres y a las personas disidentes en todo el proceso de denuncia de las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas, desde la recolección de datos y testimonios, hasta la elaboración y publicación de informes. Se trata de asegurar que sus voces están presentes en el relato y que las medidas que se adopten contra la impunidad corporativa las incluirán de manera específica.