Analizar y sistematizar las vulneraciones del Estado y de las empresas desde una perspectiva interseccional
Si bien se ha generado, desde el 2011, abundante literatura en torno a los Principios Marco y a mecanismos de evaluación de impactos en Derechos Humanos dirigidos a empresas, existe una escasez manifiesta sobre formas de identificación de impactos y vulneraciones específicas en contextos de conflicto y ocupación, especialmente desde una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta cómo factores como el género, la orientación sexual, la pertenencia étnica o la clase social condicionan las experiencias de vulnerabilidad.
Este marco metodológico realizado por Nora Miralles, del Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE), pretende contribuir a dar herramientas prácticas para la lucha por la justicia económica, social, ambiental y de género en el Sáhara Occidental, en un escenario en que la situación de apropiación ilegal de un territorio y de sus fuentes de riqueza dan lugar a un expolio de recursos que empobrece a la población saharaui y, especialmente, a las mujeres.
El impacto de los proyectos extractivos o energéticos es diferente en función del género, es decir, que puede generar vulneraciones diferenciadas o específicas en hombres y mujeres, especialmente en sociedades organizadas bajo un sistema patriarcal. Las relaciones de género desiguales conllevan una mayor dependencia de las mujeres con respecto a los hombres en el acceso a recursos y determinan un acceso menor de las mujeres a los espacios de decisión y poder, así como a la participación, que las hace más vulnerables a los cambios causados por proyectos a gran escala . Sobre todo, porque los proyectos de la industria extractiva a menudo dificultan o restringen el acceso a la tierra y contaminan o agotan las fuentes de agua, por lo que, a medida que escasean los recursos vitales, las mujeres y las niñas tienen que trabajar más para subsistir, lo que reduce el tiempo que pueden dedicar al cuidado comunitario, a la autoorganización colectiva o a la generación de ingresos . Esta discriminación previa en el acceso a la tierra, a los recursos y al empleo, revierte en que las mujeres también tienden a recibir pocos beneficios directos de los proyectos de minería, petróleo y gas a gran escala, y menores compensaciones por la tierra. En última instancia, todo esto aumenta la dependencia económica de las mujeres respecto de los hombres y reduce su poder de decisión fuera y dentro de los hogares, lo que inclina aún más la balanza del poder y de la autonomía lejos de las mujeres .
Y, sin embargo, muchas empresas extractivas, energéticas, cementeras, etcétera, siguen sin tener en cuenta esta discriminación y desigualdad estructural de género a la hora de evaluar el impacto de sus proyectos, y por tanto sin aplicar este enfoque a las relaciones con la comunidad, en el proceso de forja de acuerdos, en la adquisición o toma de tierras, la seguridad, la resolución de conflictos o en la inversión social estratégica .
A su vez, estas carencias de los procesos de debida diligencia se entroncan con las vulneraciones que sufren las mujeres en contextos de ocupación y conflicto, y que expone a las saharauis a tener que confrontar la violencia en dos frentes inseparables: como miembros de la comunidad y como mujeres. El dominio y la ocupación se expresan, también, mediante control, regulación y violencia contra los cuerpo de las mujeres, que representan un frente político y donde la violencia sexual es un mecanismo represivo más, sumado a la tortura, prisión, la exclusión política y de los espacios de poder y toma de decisiones, el agravamiento de las violencias de género en el espacio público y privado, la discriminación y falta de acceso a educación, trabajo y salud, embarazos y esterilizaciones forzadas, limpieza étnica o el empeoramiento de la feminización de la pobreza , tal como formuló el Comité de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Ahora bien, para comprender de forma profunda las afectaciones que generan las empresas en las comunidades, es necesario aplicar una perspectiva interseccional, que tenga en cuenta cómo la etnicidad, la raza, la religión, la clase o la identidad sexual y de género condicionan cómo experimentamos la discriminación, la pobreza, la violencia y opresión. El enfoque interseccional se utiliza generalmente para referirse a situaciones discriminatorias en los que diferentes factores se interconectan, creando formas específicas de desigualdad, partiendo de la diversidad existente entre la población y entre las propias mujeres. Cuando se miran en conjunto, el género, la clase, la pertenencia étnica o la raza pueden crear una desventaja particular que es mayor que la suma de sus partes , actuando a la vez sistemas de dominación como la económica, la patriarcal o la racial-colonial.