Marco Aparicio Wilhelmi
Presidente de l’Observatori DESC y miembro del Grup Català d’Empresa i Drets Humans en Público.
Ponemos en marcha el año con una mala noticia y otra buena en materia de Derechos Humanos. Por un lado, gran desastre medioambiental en Perú por el vertido de 11.900 barriles de petróleo Repsol. Por otra parte, el Parlament de Catalunya ha admitido a trámite una proposición de ley para crear un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que sirva para fiscalizar y sancionar las vulneraciones que cometen las grandes transnacionales que operan en Catalunya. ¿Qué relación existe entre las dos?
El vertido de crudo ha manchado de negro siete kilómetros de océano y dos de playa en la costa de Lima, donde se encuentra la refinería La Pampilla, gestionada por la empresa española Repsol. Un juez peruano ha prohibido a cuatro directivos de la multinacional salir del país durante 18 meses por presunta responsabilidad de delito medioambiental. Ante esto, hay dos opciones: que Repsol salga ilesa o condenada.
Ojalá se imponga la segunda opción, pero la lógica actual nos dice que frente a graves delitos medioambientales como éste, es muy común que se ponga en marcha la llamada «arquitectura de la impunidad corporativa». Ésta permite diluir la responsabilidad de la empresa matriz en sus filiales o sociedades locales subcontratadas que, además, a menudo desaparecen jurídicamente o se declaran en bancarrota de forma que no pueden responder a obligaciones de reparación y restauración. Un ejemplo de ello, es el sector textil, como en el caso de Rana Plaza en Bangladesh, donde las empresas europeas de moda que se benefician por los bajos costes laborales, se presentan como simples compradoras, eximiéndose de toda responsabilidad.
En el caso de Repsol, la sociedad civil peruana reclama sanciones, exclusión de la contratación pública y reparaciones por parte de la empresa española. El sentido común nos lleva a señalar que si buena parte de la ganancia económica (se trata de empresas con enormes beneficios anuales) se deriva de la precariedad de las condiciones de producción, resulta inaceptable que estas empresas no asuman las consecuencias de esa desposesión y explotación que vulnera derechos y que a menudo se lleva vidas. Desgraciadamente, los países enriquecidos muy difícilmente atribuyen a las empresas matriz –domiciliadas en su territorio– una responsabilidad que llaman «extra-territorial».