Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), así como contra los directivos de seis filiales, por la implicación de la empresa en la construcción, operación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén (JLR por sus siglas en inglés).
La denuncia, registrada el 18 de febrero de 2026, está impulsada por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, representadas por el Centro Guernica 37.
Una implicación estructural en el proyecto
Según el escrito presentado la empresa vasca participa desde 2019 en el desarrollo del proyecto con un papel que va mucho más allá de una colaboración puntual: se encarga de ampliar la Línea Roja del JLR, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones.
Además, opera y mantiene ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años.
CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual. La participación de CAF es estructural e indispensable para el funcionamiento y la expansión del sistema de tranvía, no solo por su alcance técnico. La denuncia sostiene que la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos.
Asimismo, la denuncia argumenta que las actividades de CAF en relación con el Tren Ligero de Jerusalén contribuyen presuntamente a la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada; al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado; y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina.
La base jurídica y la responsabilidad en España
La denuncia sostiene que la actuación de CAF podría encajar en distintos preceptos del Código Penal español relativos a crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. Entre ellos, se incluyen conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra.
Las organizaciones denunciantes subrayan además que España tiene jurisdicción en este caso, ya que CAF es una empresa con sede en el Estado español, sus órganos de decisión están sujetos a la legislación española y los directivos denunciados poseen nacionalidad española. A su juicio, esto sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas.
La denuncia llega tras años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales del proyecto. Pese a ello, la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025. Asimismo, en septiembre de 2025 CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel.
Foto: Wikimedia Commons
La noticia en los medios:
La Directa: https://directa.cat/fiscalia-investiga-empresa-basca-caf-implicacio-ocupacio-israeliana-cisjordania/