El informe “Vidas palestinas bajo vigilancia. Radiografía de la industria de control israelí” (ODHE, Suds Y Novact) expone la sofisticada infraestructura de vigilancia masiva implementada por Israel en los territorios palestinos ocupados, tanto en Gaza como en Cisjordania, detallando cómo las tecnologías de vigilancia y control se han convertido en una herramienta clave para el sometimiento de la población palestina, con la colaboración activa de empresas tecnológicas y de seguridad internacionales.
Desde inicios del siglo XXI, Israel ha promovido el desarrollo de tecnologías de ciberseguridad y control, consolidando un sistema que combina herramientas digitales y dispositivos físicos de vigilancia. Este entramado incluye el monitoreo de redes sociales, interceptación de comunicaciones, muros “inteligentes” con sensores de movimiento y tecnología biométrica, además de mecanismos tradicionales como tarjetas de identidad y checkpoints militares. El informe destaca que esta vigilancia busca no solo recolectar información sino también generar un estado de constante observación, lo que induce a la población palestina a un autocontrol permanente, inhibiendo su acción y organización. Este modelo, que recuerda al Panóptico de Michel Foucault, refuerza la estructura de apartheid impuesta por Israel.
El documento enumera a las empresas que suministran tecnologías de vigilancia y control al gobierno israelí y detalla las tecnologías desplegadas para la vigilancia y represión, como el paquete Wolf (Sistemas de reconocimiento facial que recopilan datos biométricos en checkpoints, almacenándolos en bases de datos militares y permiten a soldados israelíes acceder en tiempo real a información personal de palestinos), Mabat 2000: (Red de videovigilancia en la Ciudad Vieja de Jerusalén, operada por la Policía Israelí) o armas automáticas con Inteligencia Artificial.
El uso de estas tecnologías no solo limita la libertad de movimiento de la población palestina, sino que también contribuye a la expansión ilegal de asentamientos israelíes. Además, se documenta cómo estos sistemas han sido utilizados para reprimir la disidencia y criminalizar a activistas.
El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional para que sancione a las empresas involucradas y exija el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados. También destaca la necesidad de una regulación más estricta sobre el uso de tecnologías de vigilancia en contextos de ocupación y conflicto.