Agrícola
Producción intensiva y procesamiento de arroz
En el año 2010, la empresa española Agrogeba acordó con el gobierno de Guinea Bissau la cesión de una superficie de 6.000 hectáreas de tierras en la ribera del río Geba para el cultivo intensivo de arroz, durante un plazo de 99 años. La instalación de la empresa, a partir de 2012, generó el desplazamiento de al menos 600 personas que se dedicaban al cultivo de arroz en la zona.
(1) https://www.alianzaporlasolidaridad.org/...
Guinea Bissau
Acceso al territorio, Afectación ambiental, Afectación economía local, Ataques contra la integridad física y emocional, Consulta previa libre e informada, Derechos Humanos laborales, Violencias machistas, Derechos Humanos de las Mujeres
Acceso al territorio
Al menos 600 campesinos y campesinas han sido desplazadas del territorio donde cultivaban el arroz a raíz de la instalación de Agrogeba. Este desplazamiento comporta pérdidas materiales y económicas, pero también simbólicas y emocionales, y reestructura desde la alimentación hasta la organización cotidiana y la división sexual del trabajo.
El uso de las tierras para el cultivo intensivo, con la utilización de productos químicos, comporta alteraciones en el paisaje y los bienes naturales que perduran incluso después de que la empresa abandone el territorio.
Afectación ambiental
El cultivo intensivo de arroz requiere de fertilizantes, fitosanitarios y otros productos agroquímicos. Este uso puede comportar la contaminación del suelo y de acuíferos. La fumigación de los cultivos provoca la contaminación del aire, lo que está desplazando a las colonias de mosquitos desde las fincas cultivadas por Agrogeba hasta las comunidades más próximas. La mayor presencia de mosquitos en áreas pobladas se relaciona con el aumento de los casos de malaria.
Afectación específica para las mujeres
La malaria se ha convertido en la primera causa de aborto en las comunidades. En zonas no afectadas por la actividad de Agrogeba, la malaria afecta al 15% de las mujeres, pero esta tasa se eleva hasta el 65% en las zonas más próximas a las fincas que ocupaba la empresa. La malaria puede elevar la ratio de abortos hasta el 60%, con una mortalidad materna alrededor del 10-15% de los casos, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Los malestares derivados de la fumigación, como dolores de cabeza, picores y afecciones respiratorias, comportan un aumento del trabajo dedicado a los cuidados, que suele recaer en las mujeres, sobrecargándolas.
Afectación economía local
Al ser desplazada de las tierras que antes utilizaban para cultivar su alimento, la población se ve obligada, o bien a buscar terrenos en zonas más alejadas, o bien a pedir trabajo a la empresa.
En los casos de las comunidades que han resistido la entrada de Agrogeba, la lucha por conservar sus tierras ha implicado la pérdida de una cosecha y un empeoramiento de la situación económica de las personas afectadas.
Algunas familias han decidido que los hombres trabajen en la empresa, mientras las mujeres se dedican a cultivos de renta, como el anacardo, además de otros productos hortícolas para la supervivencia. La dependencia de los cultivos de renta dedicados a la exportación hace que su situación sea más inestable, ya que dependen de los precios variables de las materias primas en el mercado internacional.
Además, los trabajadores de Agrogeba denuncian que los salarios que les paga la empresa son insuficientes, llegan con retraso o, directamente, no llegan. Sorpresivamente, algunos meses la empresa decide sustituir el pago con dinero por un pago en especie, con sacos de arroz.
Otras familias han optado por vender algunos de sus bienes, como sus animales, para poder adquirir alimentos básicos, como el arroz que antes cultivaban. Esta situación implica una mayor dependencia del dinero para la supervivencia, lo que puede derivar en más inseguridad alimentaria.
Sumado a esto, algunas campesinas han perdido a sus animales porque los guardias de seguridad de Agrogeba los han matado cuando atravesaban los terrenos que ocupa la empresa. En ocasiones, la empresa retiene a los animales y obliga a sus propietarias a pagar una tasa si quieren recuperarlos.
Afectación específica para las mujeres
Con los hombres trabajando para la empresa por salarios insuficientes o inexistentes, las mujeres se ven expulsadas de la producción del arroz y asumen el cultivo de productos de renta, como el anacardo, para asegurar su supervivencia. Esta tarea se suma a los trabajos de cuidados en el propio hogar y al cultivo de otros productos agrícolas para autoconsumo, lo que deriva en una sobrecarga.
La expulsión de las mujeres de la tarea de cultivo de arroz, de la que se han encargado tradicionalmente, provoca una pérdida de su autonomía y de la posición que ocupan en la organización social. Esta situación también puede comportar un aumento de las violencias contra las mujeres.
Ataques contra la integridad física y emocional
La principal afectación tiene que ver con el derecho a la salud, cuando aumentan los casos de malaria, enfermedades respiratorias y abortos que se relacionan con la contaminación ambiental y la migración de mosquitos cerca de las poblaciones.
El arroz es el alimento base de la dieta en Guinea Bissau y, por tanto, perder las tierras que se dedicaban a cultivarlo tiene un impacto directo y crucial sobre la disponibilidad de alimento y la seguridad alimentaria de las comunidades.
Además, la falta de acceso a tierras para el cultivo y la mayor dependencia del dinero también agravan situaciones de inseguridad alimentaria, que pueden derivar en malnutrición y afectar significativamente la salud de las personas. De hecho, la menor cantidad de alimentos disponibles ha reducido el número de comidas diarias para las poblaciones afectadas, pasando de comer tres veces al día, a hacerlo solo dos. Algunas de las consecuencias de una alimentación deficiente son la disminución de la inmunidad, una mayor vulnerabilidad respecto a las enfermedades, alteraciones en el desarrollo físico y mental y una menor productividad en el trabajo, según datos de la OMS.
A estos daños se suma el impacto emocional que puede producir en la comunidad verse sorpresivamente desposeída de sus tierras, su actividad y sus recursos por parte de una empresa que se mantiene en el territorio mediante engaños y menosprecio de sus condiciones de vida y de trabajo. La inseguridad alimentaria y la inestabilidad laboral también pueden provocar situaciones de angustia y padecimiento psicológico.
Afectaciones específicas para las mujeres
Sufrir un aborto espontáneo, que se relaciona con el aumento de los casos de malaria, puede comportar un riesgo para la salud de las mujeres si no tienen acceso a atención médica. Estas situaciones también comportan una carga emocional importante por la pérdida y el duelo, y también por las sensaciones de culpa, frustración o fracaso que se pueden presentar.
Las enfermedades que pueden padecer otros miembros de la familia o ellas mismas, derivadas de las fumigaciones, deterioran sus condiciones de vida y aumentan su carga de trabajo.
Por otra parte, en contextos de escasez de alimentos, las mujeres pueden acabar renunciando a comer en favor de sus hijos e hijas en crecimiento. En mujeres embarazadas o lactantes, la falta de alimentación suficiente tiene riesgos tanto para la salud de la madre como para el desarrollo de la criatura.
Consulta previa, libre e informada
El proyecto de Agrogeba no se sometió a una consulta previa, libre e informada a la comunidad. Ni la empresa, ni el Estado, ni las autoridades locales la llevaron a cabo. Las comunidades se enteraron de este proyecto cuando los primeros trabajadores de la empresa se instalaron en el territorio.
Derechos humanos laborales
Los trabajadores de Agrogeba denuncian los continuos retrasos en el pago de sus salarios. A menudo, además, la empresa decide pagar en especie, con sacos de arroz en lugar de con dinero, sin ningún tipo de aviso previo a la plantilla.
También denuncian que la empresa no les proporciona los materiales de protección necesarios para las tareas de fumigación y manipulación de productos químicos.
La empresa decide la continuidad de cada trabajador o trabajadora semanalmente, una inestabilidad que pude generar empobrecimiento y situaciones de angustia o padecimiento psicológico. Todos denuncian que trabajan sin contrato y, por tanto, no tienen ningún tipo de garantía laboral.
Las leyes del país reconocen como legítimas propietarias de la tierra a las personas o comunidades que la usan y cultivan. En este caso, este derecho se ve vulnerado por la acción de la empresa, que se presenta como propietaria de las tierras, argumentando que se trataba de territorios que no se estaban cultivando.
El estado de Guinea Bissau no ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afecten a los territorios de pueblos indígenas.
Además, las afectaciones de la acción de Agrogeba han supuesto una vulneración de los derechos laborales, el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de las comunidades desplazadas – especialmente, de las mujeres que han visto agravadas sus condiciones para sostener el bienestar y la salud comunitarias. Estos derechos se encuentran recogidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres.
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Directamente
La empresa española ha ocupado los territorios cedidos por el gobierno de Guinea Bissau sin consultar a la población local, y los explota para el cultivo de arroz, desplazando a la comunidad de su territorio. Aunque ha dado trabajo a algunas personas de la comunidad para estas tareas, los salarios son insuficientes o inexistentes, y a veces se sustituyen por pagos en especie, sin previo aviso. También hay denuncias de que la empresa fumiga los campos de cultivo con productos químicos peligrosos sin dar medidas de protección a las personas trabajadoras. Los efectos de estas fumigaciones también están teniendo consecuencias sobre la salud de la población local, e implican también una contaminación del suelo y del agua. De todas estas situaciones es responsable la empresa Agrogeba.
Por Acción
El gobierno de Guinea Bissau acordó directamente con la empresa la cesión del territorio, sin hacer ninguna consulta previa a las comunidades afectadas y sin tener en cuenta la propia legislación del país, que reconoce como propietarias de las tierras a las personas que las utilizan.
A su vez, el compromiso de Agrogeba con el gobierno de Guinea Bissau para abastecer de arroz el mercado nacional se realizó de viva voz y no quedó reflejado en ningún documento, arrebatando al Estado guineano la capacidad de exigir su cumplimiento.
En su página web, la empresa argumenta que su producción “ayuda a la economía del país, sustituyendo las importaciones de arroz procedente de Pakistán y de Brasil con su arroz natural sin aditivos químicos”.
Añade que también ayuda “a la gente de Guinea” formando a la población “en materias de agricultura moderna y maquinaria”, ofreciendo apoyo logístico para instalar una cadena de radio local y para llevar equipamiento médico esencial y prestando maquinaria “sin ningún cargo a las autoridades locales” para las tareas de mantenimiento de infraestructuras y carreteras del país.
(1) http://agrogeba.com/#socialimpact...
Si
Uno de los gerentes de la empresa, Jaume Pons, fue entrevistado en diferentes medios de comunicación. En 2014, en declaraciones a eldiario.es, admitió que la empresa no había cumplido sus promesas de construir una escuela y un centro de salud, y lo justificó afirmando que la compañía aún no había recuperado la inversión y no tenía “dinero para hacer obra social”.
También insistió en que fue el gobierno quien ofreció las tierras, que estaban descuidadas y no cultivadas, y comenzaron a ser productivas gracias a la llegada de la empresa. Reconoció, no obstante, que algunos guardias de seguridad de la empresa habían disparado a vacas de los pobladores locales “porque estaban cansados” de que los animales entrasen a las tierras.
El mismo año, en declaraciones a El País, Pons afirmó que las tierras en las que actuaba la empresa estaban “totalmente abandonadas”. “Ahora que hemos limpiado y puesto en producción la tierra es cuando vienen a reclamar que les pertenece” dijo, en referencia a las comunidades locales.
Admitió la falta de diálogo en el proceso de instalación de la empresa, y su desconocimiento sobre los sistemas de gobierno y autogobierno locales. “Aquí la ley es un poco comunista, establece que la tierra es para quien la trabaja, pero si en cinco años no se explota, se pierde este derecho sobre ella. Estas tierras no estaban siendo cultivadas, no había una propiedad sobre ellas. No digo que no les pertenezca (a las comunidades locales) pero, si es así, que la trabajen. Ahora vienen a quejarse porque el blanco ha llegado, quieren sacar su beneficio. A esta gente no le gusta el trabajo, gran parte de cómo está el país es culpa nuestra, de los blancos, que les hemos dado demasiadas facilidades”, expresó.
Si
Agrogeba es una empresa establecida en Guinea Bissau, cuyo capital proviene del hólding petrolero catalán Petromiralles SL. En 2022, el propietario de Petromiralles SL, José María Torrens, fue condenado por la Audiencia Nacional a 13 años de prisión y el pago de una multa de 237 millones de euros por un fraude fiscal millonario relacionado con el IVA de la gasolina de las estaciones de servicio asociadas a la firma.
En curso
En junio de 2022, la Plataforma por Empresas Responsables presentó en el informe “Casos recientes de abusos de empresas españolas” el caso de Agrogeba como ejemplo sobre cómo la ausencia de la debida diligencia empresarial vulnera los derechos de las personas e impacta sobre la naturaleza. El documento refleja cómo el paso del tiempo ha consolidado el impacto generado por la acción de Agrogeba sobre el derecho a la alimentación de las comunidades Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba en Guinea Bissau, minorizando la agricultura comunitaria de subsistencia y reduciendo la producción a menos del 50% previo a la llegada de la empresa. También se señalan los efectos sobre el derecho a la salud, ya que se han incrementado los casos de malaria -primera causa de abortos en la zona- de acuerdo con declaraciones del responsable del área sanitaria de esta zona.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de enero de 2023, Agrogeba sigue siendo una de las principales empresas españolas presentes en Guinea Bissau y se la reconoce como pionera dentro del sector agroalimentario del país.