Extracción de gas | ARGELIA

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Nombre de la empresa

Repsol (Grupo Repsol)

Sector económico

Energético

Sector económico (Detalle)

Extracción, compra, recepción, regasificación y distribución de gas utilizado como combustible

Empresas involucradas

Enagás, Naturgy, Repsol (Grupo Repsol), Cepsa, Sonatrach (Argelia)

Descripción breve del proyecto económico

Desde 2022, Argelia es el principal proveedor de gas al Estado español, suministrando el 46,5% del total del gas que llega a los gasoductos y plantas regasificadoras españolas. En 2023, la decisión del gobierno del Estado español de aceptar la propuesta del gobierno de Marruecos para la autonomía del Sahara Occidental –contraria a la reivindicación de autodeterminación de este territorio– provocó una crisis diplomática con Argelia, donde vive una gran parte de la población refugiada saharaui. El gobierno argelino criticó la postura del gobierno español, pero, aun así, remarcó que continuaría con sus compromisos de suministro de gas acordados con empresas extranjeras.

Diversas empresas españolas participan de la extracción de gas en Argelia, la compraventa de este gas, su regasificación en el caso del gas licuado y su transporte por el territorio español camino a otros países europeos. Entre ellas se encuentran: Naturgy, que mantiene un acuerdo de compra de gas a la compañía estatal argelina Sonatrach; Enagás, responsable del transporte y almacenamiento d gas y de cuatro plantas regasificadoras del Estado español; Repsol, que trabaja conjuntamente con la estatal Sonatrach y otras multinacionales energéticas en tres proyectos de extracción de gas en el país; y Cepsa, que se encuentra presente en cinco yacimientos de petróleo y gas junto con Sonatrach.

La dependencia de Argelia como principal suministrador de gas se ha incrementado con la guerra de Ucrania, cuando diversos estados europeos han buscado diversificar sus proveedores de gas para reducir la dependencia de los gasoductos rusos.

Esta dependencia de Argelia, sin embargo, comporta mantener acuerdos comerciales con un régimen autoritario, con fuertes carencias en la protección de derechos y libertades civiles y políticas y marcado por la corrupción. La explotación de gas en los territorios del sur del país genera fuertes impactos ambientales y no está repercutiendo en una mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales, que no han sido consultadas sobre los proyectos de extracción. Los beneficios de estas actividades extractivas se hacen más visibles en las ciudades del norte del país, aumentando las desigualdades entre territorios.

A finales de 2014, la empresa estatal argelina Sonatrach, en un consorcio con las multinacionales Total y Partex, comenzó a realizar prospecciones para la extracción de gas mediante la fractura hidráulica (fracking) en la localidad de In Salah, al sur del país. La población local se movilizó en contra de estas prácticas, con protestas que se extendieron durante cinco meses y llegaron a diferentes zonas del país como la capital, Argel.

Descripción breve del proyecto económico (Fuente)

(1) https://valenciaplaza.com/argelia-se-con...

(2) https://www.naturgy.es/hogar/blog/como_f...

(3) https://www.elindependiente.com/economia...

(4) https://odg.cat/wp-content/uploads/2017/...

(5) https://ejatlas.org/conflict/anti-fracki...

Ciudad/País

Argelia

Derechos vulnerados

Afectación ambiental, Afectación economía local, Complicidad / influencia en conflictos armados, oc..., Consulta previa libre e informada, Criminalización / campañas de des-legitimación, Violencia de género, Violencias machistas

Descripción

Afectación ambiental

La técnica del fracking comporta graves afectaciones ambientales, entre ellas la contaminación de las aguas subterráneas, un elevado consumo de agua, alteración del paisaje, generación de residuos y riesgos de escape de gas, explosiones o terremotos, entre otros.

En el caso de las prospecciones realizadas desde finales de 2014 en In Salah, se evidenció la contaminación de un acuífero. Esta situación se hace especialmente delicada en una zona desértica, cuya población depende de las aguas subterráneas para su supervivencia.

En 2015, los pobladores y pobladoras locales descubrieron que las instalaciones en las que se estaban haciendo las prospecciones no contaban con ningún dispositivo para el tratamiento de las aguas ni de los fangos residuales, mientras que los elementos químicos peligrosos utilizados para el fracking no se encontraban almacenados de forma segura, lo que conllevaba riesgos para la salud de las personas.

Un informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) de 2016 asegura que los pueblos del Sahara tienen fuertes conexiones con la tierra, de la que dependen para su supervivencia. La intervención sobre sus territorios viene a cortar estos vínculos con la tierra, que se pueden entender no solo desde una visión material o económica, sino también desde una vertiente cultural y emocional, especialmente en el caso de poblaciones rurales indígenas, como los amazigh, presentes en el sur de Argelia, entre otros territorios. Estos pueblos quedan totalmente privados del acceso a los beneficios de la explotación de las materias primas que se encuentran en su territorio.

 

Afectaciones específicas para las mujeres

En ciertos contextos de división sexual del trabajo, las mujeres son las encargadas de las tareas de cuidados dentro de los hogares, como la limpieza, la higiene de personas dependientes o la preparación de alimentos, entre otras. Se puede inferir que, ante la falta o la contaminación de las fuentes de agua, especialmente preciadas en un contexto desértico, las mujeres son las primeras en recibir este impacto, que amenaza su supervivencia y la de sus familias.

 

Afectación economía local

La población de las áreas del sur de Argelia donde se localizan los trabajos de extracción de gas se dedica mayoritariamente a la agricultura y el pastoreo. La actividad de las empresas gasísticas y petroleras no se ha traducido en puestos de trabajo o en una mejora de las condiciones de vida de estas poblaciones. El elevado desempleo es una de las principales preocupaciones de la población más joven. De hecho, uno de los sectores que ha encabezado las protestas contra la extracción de gas ha sido el de las personas desempleadas, a través del Comité Nacional por la Defensa de los Derechos de los Desocupados.

En Argelia se evidencia un desarrollo económico muy desigual, en el que los beneficios de la extracción de gas se hacen visibles en las ciudades del norte del país, mientras que las regiones del sur, que son las proveedoras de la materia prima, padecen los efectos negativos, pero no experimentan ningún beneficio.

 

Afectaciones específicas para las mujeres

La llegada de la empresa provoca desplazamientos de la población local y cambios en las actividades económicas habituales, modificando las relaciones entre las personas. Se instalan lógicas vinculadas al trabajo asalariado en la empresa, que sustituyen al trabajo agrícola o ganadero que tradicionalmente ha desarrollado la población y, de manera específica, las mujeres. En estos sistemas en los que el capital toma centralidad, el trabajo que sostienen las mujeres se percibe como menos valioso.

Por otra parte, el desplazamiento forzado, ya sea por la presión que ejerce la empresa, o por los cambios que su actividad provoca en el territorio, rompe con las formas de vida y la red de relaciones de la comunidad. Irrumpen patrones patriarcales que desbancan los vínculos de solidaridad y apoyo mutuo tejidos a nivel comunitario y sostenidos, mayoritariamente, por las mujeres.

Además, el desplazamiento tiene impactos emocionales causados por el desarraigo, y pone en riesgo la transmisión cultural de las formas de vida y de trabajo ligadas al territorio.

 

Complicidad/influencia en conflictos armados

La liberalización económica de Argelia y la entrada de empresas extranjeras para la explotación del petróleo y el gas se inició en la década de 1990, coincidiendo con el golpe militar de 1992 que inició una guerra civil en el país. En este contexto, empresas como BP, Total o Arco firmaron contratos millonarios con el gobierno argelino, mientras que la construcción de un nuevo gasoducto que permitiría exportar el gas hacia Europa vía Portugal y el Estado español se inició en 1996.

Un informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización considera que estos contratos “fortalecieron al régimen mientras este ejercía violencia sistemática en todo el país”. El ODG también señala que las inversiones masivas ligaron a las empresas transnacionales con Argelia, “y la Unión Europea tenía un claro interés en que el régimen represivo no cayese”. Los ingresos derivados de la explotación de gas y de petróleo favorecieron la militarización y las operaciones represivas de aquel aparato policial y de inteligencia en un contexto de guerra, concluye el informe.

De hecho, tanto las empresas multinacionales como los gobiernos europeos evitaron pronunciarse sobre el conflicto y la represión en Argelia durante este período, y también han esquivado hacer valoraciones sobre la represión contra protestas más recientes, como las del movimiento Hirak entre 2019 y 2020. La Unión Europea considera a Argelia como un socio prioritario para la provisión de petróleo y gas, especialmente en el contexto de la guerra de Ucrania, que ha forzado a países europeos a buscar nuevas fuentes de combustibles más allá de los gasoductos rusos. En la práctica, esta dependencia implica un silencio cómplice ante los abusos y las vulneraciones de derechos que el gobierno argelino pueda cometer contra su población.

 

Consulta previa, libre e informada

Ni las autoridades argelinas ni las empresas participantes de los proyectos de extracción de gas han hecho ninguna consulta a las poblaciones afectadas sobre su consentimiento o rechazo a esta intervención sobre sus territorios. En primer lugar, la llegada de empresas transnacionales se hizo efectiva en un contexto de conflicto bélico, lo que dificultó aún más la participación de la población en la toma de decisiones sobre sus recursos y su futuro. En segundo lugar, la estrecha dependencia de las poblaciones locales con sus recursos, especialmente con el agua en contextos de oasis y desierto, hace que esta consulta previa, libre e informada fuese especialmente necesaria para conocer el posicionamiento de la población local.

Pese a ello, en los documentos no consta ninguna consulta, sino que se informa de los intentos de cooptación de las personas participantes en la protestas anti-fracking por parte de las autoridades del régimen, en un contexto de corrupción generalizada.

 

Criminalización y campañas de deslegitimación

Las protestas contra el fracking en el sur de Argelia, especialmente en la localidad de In Salah, han sido mayoritariamente pacíficas, con huelgas, ocupaciones, manifestaciones diarias, cortes de carreteras, bloqueos, acampadas… Sin embargo, la represión contra estas protestas tuvo como resultado detenciones preventivas y violentas confrontaciones con la policía.

 

Afectaciones específicas para las mujeres

Un documento del Observatoire de Multinationales francés sobre la implicación de la empresa Total en la extracción de gas en Argelia explicita que, en las protestas contra el proyecto de In Salah, “las mujeres se manifestaron por primera vez en la historia de la población” y estuvieron más activas en las movilizaciones después de su inicio. No se especifican hechos de criminalización, persecución o represión expresa contra ellas en los documentos consultados.

Fuente

Normativa vulnerada

Argelia no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que detalla los derechos de los pueblos indígenas y tribales, entre los que incluye el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La organización Grupo de Trabajo Internacional para los Asuntos Indígenas (IGWIA, en sus siglas en inglés) denuncia que el pueblo indígena amazigh, presente en Argelia, no está reconocido por el gobierno argelino, que continúa presentando el país como “árabe” y “tierra del islam”, ignorando su diversidad étnica, religiosa y cultural.

Pese a ello, en 2007 Argelia votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Normativa vulnerada (Fuente)

(1) https://www.observatori.org/paises/pais_...


La empresa española es directamente responsable de la violación

Directamente

La empresa española es directamente responsable de la violación (Detalle)

La intervención en los territorios sin compensación ni consulta previa y la contaminación de las aguas subterráneas son efectos directamente atribuibles a la acción de las empresas españolas que desarrollan proyectos de extracción de gas, en particular mediante la técnica el fracking.

El Estado Nacional es responsable por acción o omisión

Por Acción

El Estado Nacional es responsable por acción o omisión (Detalle)

El estado argelino es directamente responsable de la concesión a empresas extranjeras de los permisos para la explotación de sus recursos, ya sea a través de procesos de licitación y adjudicación, o bien a través de la participación de la empresa estatal dedicada al sector, Sonatrach. Desde este punto, es responsable de la falta de consulta a la población local, la alteración del paisaje y de sus recursos o de la mala gestión de los residuos, entre otras irregularidades denunciadas en el marco de estos proyectos.

El Estado también es responsable de la represión policial, la persecución o las detenciones arbitrarias contra personas que participaban en el marco de las protestas contra los proyectos de fracking.

El Estado Nacional es responsable por acción o omisión (Fuente)

(1) https://odg.cat/wp-content/uploads/2017/...


Qué dice la política de RSC de la empresa

Repsol: Su política de Responsabilidad Social Corporativa incluye un apartado con diferentes documentos sobre el cumplimiento de los derechos humanos. En el caso de Argelia, se citan de manera genérica programas de becas y ayudas a la educación, suministro de agua para el riego de cultivos y limpieza de carreteras tras las tormentas de arena en una de las zonas donde se encuentra el yacimiento que explotan.

 

Enagás: La política de RSC nombra la “gobernanza para asegurar la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente, sostenibilidad con foco en derechos humanos y en el medio ambiente”. En su página web, aseguran: “Apoyamos a las comunidades locales en las que operamos favoreciendo la competitividad de su industria, reforzando la seguridad de su suministro energético y generando empleos directos e indirectos. Realizamos nuestra actividad con el objetivo de garantizar la seguridad de las infraestructuras y minimizar los impactos en los ecosistemas y en la población”.

 

Cepsa: En el apartado de “Ética”, la compañía expresa: “Trabajamos contra la corrupción y los comportamientos anticompetitivos e inadecuados”. En el apartado “Comunidades”, la empresa dice que se compromete activamente con las comunidades en las cuales opera, y apoya a las organizaciones que actúan cerca de sus centros.

Qué dice la política de RSC de la empresa (Fuente)

(1) https://www.repsol.com/content/dam/repso...

(2) https://www.compromisorse.com/responsabi...

(3) https://www.enagas.es/es/conocenos/soste...

(4) https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad/...


Respuesta de la empresa

No

Relación del caso con Cataluña

Si

Relación del caso con Cataluña (Detalle)

Enagás opera la planta regasificadora del Puerto de Barcelona, la que tiene un mayor volumen de importación de gas de todo el Estado español, con un 27,63% del total de las importaciones. Esta planta es la tercera más importante a nivel europeo. Argelia se encuentra entre los cinco principales países que abastecen de gas la planta del Puerto de Barcelona por volumen de importaciones.

En abril de 2022, el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, dijo durante una visita a la planta que esta tiene un “carácter estratégico de alcance continental”, y que constituye la “puerta de entrada de gas al sur de Europa”.

En la cadena que se genera alrededor del transporte y distribución del gas, Catalunya se presenta como un territorio clave por su situación geográfica al sur de Europa y la cuenca mediterránea, próxima tanto a los países productores del norte de África, como a los países europeos que son destinatarios del combustible.

En este contexto, en Catalunya se han proyectado y ejecutado diferentes proyectos de construcción de gasoductos para mejorar la conexión de la regasificadora del Puerto de Barcelona con los países vecinos. Uno de ellos fue el Proyecto Castor, que consistía en la construcción de una plataforma marítima, una planta de operaciones terrestre y un gasoducto entre las provincias de Castellón y Tarragona, y que no se llegó a poner en funcionamiento al detectarse numerosos movimientos sísmicos en la zona, derivados de esta actividad (ver ficha sobre proyecto Castor en Alerta Derechos Humanos).

Otro proyecto es la construcción del gasoducto MidCat, una infraestructura para el transporte de gas desde Catalunya a Francia, que pasaría por las localidades de Hostalric y Figueres para la distribución de gas desde el Puerto de Barcelona. Este proyecto ha evolucionado actualmente vinculándose a la promoción del hidrógeno verde, y convirtiéndose en una propuesta de hidroducto.

Relación del caso con Cataluña (Fuente)

(1) https://odg.cat/wp-content/uploads/2018/...


Estado actual del caso

En curso

Estado actual del caso (Detalle)

Las empresas españolas Enagás, Repsol y Cepsa continúan con sus actividades de extracción, transporte y distribución del gas procedente de Argelia, mientras que Naturgy se dedica a la compra del gas. Diferentes medios de comunicación apuntan a una “reconciliación” entre los gobiernos de Argelia y del Estado español, que puede traducirse en nuevos acuerdos para la extracción, la importación y la comercialización del gas desde Argelia, después de la reciente crisis diplomática motivada por la postura del gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sahara Occidental.



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