Las políticas de privatización implementadas durante el régimen de Pinochet configuraron el actual modelo del sector del agua y el saneamiento en Chile, con un 96,2% de los servicios gestionados por empresas privadas. Este modelo ha comportado consecuencias negativas para la población y el medio ambiente.
En el caso de Santiago de Chile, el servicio de agua es gestionado por Aguas Andinas, empresa filial del Grupo Aguas, controlada por Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. (IAM) , la que a su vez es controlada por Veolia, a través de las sociedades chilenas Veolia Inversiones Aguas del Grande Santiago Ltda. (IAGSA), Veolia Inversiones Andinas S.A. y AGBAR.
Desde la privatización, las tarifas en Santiago han aumentado significativamente. Hasta el 1998 el 20% de la población más vulnerabilizada destinaba hasta el 2,35% de sus ingresos mensuales en consumo de agua potable, mientras que actualmente casi 130.000 hogares tienen que destinar más del 5% de sus ingresos a pagar el agua, a pesar de subsidios que, por 20 años, han beneficiado la empresa AGBAR. Este porcentaje supera el umbral de asequibilidad establecido por la ONU y no solo agravia la precariedad económica de las familias más vulnerabilizadas, sino que también perpetúa las desigualdades sociales en el acceso a un derecho humano fundamental.
Mientras tanto, las inversiones en reposición de infraestructuras son prácticamente inexistentes y hay una deficiente fiscalización, la cual provoca pérdidas de agua masivas y agua no contabilizada, oscilando anualmente entre el 30% y el 40% de la producción total y de la que no se conoce su destino.
La calidad del servicio no cumple con los estándares mínimos. Los niveles de dureza del agua en Santiago superan los límites recomendados por la OMS, poniendo en riesgo la salud de la población. Así mismo, a partir de una encuesta realizada en la población por parte de MODATIMA, se ha detectado un alto nivel de insatisfacción ciudadana en cuanto al servicio y calidad del agua.
Además, Aguas Andinas ha priorizado intereses corporativos por encima de la garantía de un servicio de calidad que priorice el derecho humano al agua y al saneamiento. La empresa firmó un convenio con AES Andes para el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el cual otorga derechos de agua para centrales hidroeléctricas, priorizando la generación de electricidad al consumo de agua potable. Activistas ambientales opositoras al proyecto Alto Maipo, han visto afectada su libertad y seguridad, sufriendo prácticas de espionaje, contratadas por AES Andes.
Todo esto resulta en una grave afectación a los derechos humanos y ambientales, con una deficiente gestión de los recursos hídricos en Chile que preocupa frente un contexto de escasez y un futuro incierto en cuanto a la disponibilidad de agua potable.
Esta investigación, realizada conjuntamente con el Movimiento miedo la Defensa del Agua, la Tierra y lo Medioambiente (MODATIMA), pone de relieve la necesidad urgente de revertir un modelo de privatización que perpetúa desigualdades y pose en riesgo la vida y la salud de la población y el medio ambiente.
El objetivo de esta publicación es visibilizar las vulneraciones de derechos perpetradas en el Sur Global por empresas que operan o tienen sede en Cataluña y nutrir el mapa de vulneraciones de AlertaDH, una iniciativa del grupo catalán de empresa y derechos humanos de Lafede que visibiliza estos casos con el propósito de incidir para que el Parlamento apoye a la creación del centro catalán de empresa y derechos humanos, un organismo público independiente que garantice que toda empresa que opere en Cataluña y/o preste servicios a cualquier administración pública catalana cumpla con el respeto de los derechos humanos, tanto en el territorio catalán como el exterior.
Encontraréis toda la información de este caso al web de AlertaDH: https://alertadh.org/es/caso/privatizacion-del-agua-en-santiago-de-chile-aguas-andinas-sgab-agbar/
FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO