Se aprueba el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos
Después de 10 años de negociaciones, Catalunya se convierte en pionera en el mundo en la defensa de los derechos humanos frente a la impunidad empresarial gracias a la aprobación de la ley para la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos). El Centro podrá investigar, emitir informes y proponer medidas de actuación ante vulneraciones de derechos humanos y ambientales, como ACS de Florentino Pérez en Guatemala, o ICL con actividad en Súria y cómplice con el genocidio en Palestina, algunos de los 30 casos ya documentados en la web alertadh.org.
Votación de la Ley para la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos). Foto: Paula Roque
Paso histórico: Catalunya será pionera en la defensa de los derechos humanos frente a los abusos empresariales. Este miércoles 1 de julio de 2026, el Parlament de Catalunya ha aprobado, después de más de 10 años de negociaciones, la Llei del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos), por 71 votos a favor del Grupo Socialista, Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP, 34 abstenciones de Junts y 27 en contra de PP, VOX y Aliança Catalana.
El Centro será un organismo público e independiente que velará para que las empresas que operan en Catalunya no vulneren los derechos humanos y ambientales, tanto en Catalunya como en los países del Sur Global en los que desarrollan actividad. «Con la aprobación de la ley para la creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans (Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos), Catalunya se convertirá en pionera en la defensa de los derechos humanos frente a la impunidad empresarial. Y esto ha sido posible gracias al trabajo incansable de la sociedad civil durante más de diez años, a pesar de todos los obstáculos que nos hemos encontrado dentro y fuera del Parlamento», ha celebrado en rueda de prensa Júlia Martí, portavoz del grupo impulsor de la iniciativa.
Grup Català d’Empresa i Drets Humans (Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos). Foto: Lafede
Esta ley, impulsada desde 2015 por el Grup Català d’Empresa i Drets Humans (Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos) —formado por 22 entidades de la sociedad civil, plataformas universitarias y organizaciones de justicia global—, supone un avance sin precedentes en la regulación del sector empresarial y en la coherencia entre las políticas económicas, de acción exterior y de cooperación internacional de la Generalitat de Catalunya. «Es una victoria colectiva que pone en el centro los derechos de las comunidades del Sur Global afectadas por la acción empresarial en un momento en el que la desregulación internacional es la norma. Hoy, Catalunya ha demostrado ser valiente», ha remarcado Martí. Este hito permite a Catalunya «situar la cooperación catalana en la primera división en la defensa y el respeto de los derechos humanos en todas partes. Porque esto también es cooperación internacional», ha añadido Sandra Pous, también portavoz del grupo.
También se ha pedido celeridad para pasar a la acción: «emplazamos al Govern de la Generalitat a que trabaje con la mayor diligencia posible para crearlo dentro de lo establecido en la ley», ha reclamado Pous. Es imprescindible que la Generalitat dote al nuevo Centro de los recursos necesarios para que pueda empezar a operar este mismo 2026. También es necesario que agilice la redacción y aprobación del reglamento lo antes posible. Además, recordamos que la ley establece un plazo de seis meses para constituir el Consejo Asesor que escogerá la Junta de Gobierno.
Cartel del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. Foto: Lafede
Más de 10 años de negociaciones
Hace más de una década, el Grup Català d’Empresa i Drets Humans (Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos) empezó a trabajar en esta propuesta, que en 2020 fue admitida por primera vez en el Parlamento. Desde entonces, más de 8.000 organizaciones sociales, sindicatos, ayuntamientos y plataformas cívicas han dado apoyo a la iniciativa, convirtiéndola en una demanda transversal de la sociedad catalana. La tenacidad de la sociedad civil hizo posible que en marzo de 2025 se registrara por tercera vez y, en esta ocasión, con poco más de un año, gracias al trabajo realizado previamente, ha sido posible finalizar el trámite parlamentario. Su aprobación final es, por tanto, un éxito colectivo y un compromiso con la justicia global.
Investigar casos, emitir informes y proponer medidas
El Centro nace con la capacidad de investigar demandas de comunidades afectadas por actividades empresariales y emitir informes públicos y proponer políticas respetuosas con los derechos humanos por parte del sector empresarial. Su principal objetivo será, por tanto, investigar e informar sobre las actividades de las empresas que operan en Catalunya y dar seguimiento a demandas sobre posibles vulneraciones de derechos humanos. Este organismo dependerá del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior y será independiente del poder corporativo, eficaz en su actuación, accesible para las comunidades afectadas, comprometido con la justicia global y valiente para investigar la impunidad empresarial, tal como recoge la ley.
Fomentar un tejido empresarial responsable
También las administraciones y la sociedad catalanas podrán disponer de una herramienta para fomentar buenas prácticas empresariales y garantizar una contratación pública y un consumo justos y responsables. De hecho, ha especificado Júlia Martí en la rueda de prensa: «Esta no es una ley contra las empresas ni el tejido empresarial catalán, es una ley que busca visibilizar las vulneraciones de derechos humanos, para acabar con la impunidad y garantizar una acción empresarial responsable»
Mientras que a nivel europeo e internacional los marcos normativos vinculantes son escasos y poco exigentes —la reciente aprobación de la Directiva europea de diligencia debida es un ejemplo de ello—, Catalunya tiene la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente.
Aprobación de la Ley para la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos. Foto: Lafede
Comunidades que se pueden beneficiar: más de 30 casos documentados
La web AlertaDH.org ya recoge cerca de 30 casos de vulneraciones cometidas por empresas transnacionales con sede o actividad en Catalunya, en países como México, Guatemala, Colombia, Palestina o Bangladesh. Estos casos demuestran la necesidad urgente de un organismo como el Centro, capaz de prevenir, investigar y hacer públicos los abusos empresariales.
Gracias a este Centro, por ejemplo, las comunidades del Sur Global, como el pueblo lenca en Honduras, al que pertenecía Berta Cáceres, no caminarán solas en la defensa de sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Otro caso que podría investigar el Centro es el de Israel Chemicals Limited, una empresa que opera en el Bages y que ha sido señalada por sus vínculos con el ejército de Israel, como acaban de denunciar 200 académicos y académicas catalanas en un manifiesto.
Con la aprobación de esta ley, el Parlamento catalán ha demostrado que puede liderar el cambio y evidenciar que otra manera de hacer política económica es posible: frenar a las empresas que hacen negocio de la explotación laboral, la contaminación y el expolio de comunidades en todo el mundo.