Hidroeléctrica, hidroeléctrica
Construcción de una minipresa en el municipio de Santa Cruz de Barillas (Huehuetenango, Guatemala).
Hidro Santa Cruz
Ecoener
Hidralia Energía
La empresa Hidro Santa Cruz presentó el proyecto Canbalam I, que consiste en aprovechar un salto natural de agua del río Q’amb’alam, en el municipio de Santa Cruz de Barillas, donde hay una cascada de 272 metros de altura. En esta cascada se proyectaba instalar una mini presa hidroeléctrica con una potencia de 4,96 MW.
El río Q’amb’alam se sitúa dentro de un territorio de predominio de la población indígena de los grupos q’anjob’al, chuj, akatexo, popti’ y mestizo. Para estas comunidades, el río tiene un valor sagrado, y el salto de agua donde se pretende instalar la central tiene un uso recreativo y ceremonial.
El proyecto cuenta con todos los permisos estatales por parte del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, y también tiene licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
Tratándose de un proyecto a desarrollar en el territorio indígena, la empresa está obligada a hacer una consulta previa de la instalación del proyecto, libre e informada a la población de la zona, según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Guatemala ratificó en 1996 y el Estado Español en el año 2007.
Este derecho fue vulnerado cuando el proyecto comenzó a desarrollarse en 2009, sin tener en cuenta la voluntad de la población ni ofrecer información pública. Las primeras compras de tierra por parte de la empresa se hicieron sin dar una información transparente sobre los objetivos del proyecto. La mayor parte de la población mostró su rechazo a la instalación de Hidro Santa Cruz, hecho al que la empresa respondió contratando más personal de seguridad y aumentando las intimidaciones y amenazas contra la población local.
Como responsable de las relaciones con la comunidad, la empresa contrató a Juan Garrido, un exmilitar que había sido condenado por narcotráfico, y que después ejerció como jefe de seguridad en el Ministerio Público entre 2010 y 2013, con métodos de seguridad espionaje muy cuestionados.
En enero de 2012, la empresa inició las obras en el territorio pese a no contar con la licencia municipal para la construcción. La tensión entre la empresa y las personas que se oponían al proyectó escaló cuando maquinaria de la empresa fue quemada en un incidente no aclarado.
El 1 de mayo de 2012, coincidiendo con la fiesta local de Santa Cruz de Barillas, Andrés Francisco Miguel, líder comunitario opuesto al proyecto de Hidro Santa Cruz, fue asesinado, mientras que Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé resultaron heridos graves. La justicia condenó como autores de estos ataques a dos trabajadores de la empresa, que después fueron absueltos.
A raíz del asesinato, el gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en la región, y desplegó en la zona 480 efectivos del ejército y 350 agentes de la Policía Nacional Civil. Se han denunciado situaciones de violación de derechos humanos por parte de estos efectivos durante el estado de sitio, como detenciones ilegales, allanamiento de las casas, destrucción de propiedades o agresiones sexuales contra las mujeres.
Además, se emitieron órdenes de captura contra 52 vecinos y vecinas de la comunidad que se oponían al proyecto, con acusaciones como las de asesinato, secuestro, terrorismo o asociación ilícita. Muchas de estas personas fueron detenidas y encarceladas lejos de su comunidad, mientras que otras tuvieron que huir de la comunidad y ocultarse por miedo a la represión. La criminalización de estas personas supuso un desgaste económico y emocional muy significativo para ellas y para sus familias.
(1) https://www.alianzaporlasolidaridad.org/...
Guatemala,Guatemala
Acceso al territorio, Afectación ambiental, Afectación economía local, Afectación Socio-Cultural, Ataques contra la integridad física y emocional, Consulta previa libre e informada, Complicidad / influencia en conflictos armados, oc..., Criminalización / campañas de des-legitimación, Violencias machistas, Derechos Humanos de las Mujeres
Acceso al territorio
La instalación de vallas en el territorio por parte de la empresa vulneró el derecho de acceso de la comunidad a su espacio recreativo y ceremonial alrededor del río.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En los testimonios, las mujeres encontraron como afectaciones el arraigo, la pertenencia y el paisaje afectivo. Para muchas, el arraigo viene dado por una continuidad generacional: es el lugar donde están enterrados sus ancestros y se espera que crezcan sus hijos e hijas.
Afectación socio-cultural
Afectaciones culturales
El río Q’amb’alam tiene un valor espiritual y simbólico para la comunidad. Hay también un vínculo espiritual entre la población y el territorio, que se rompe con la intervención de la empresa.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Es necesario recabar datos acerca del papel específico que cumplen las mujeres en determinados ritos o en la preservación de la espiritualidad de la comunidad. En términos generales, la falta de acceso a lugares ceremoniales o los espacios donde están enterrrados los ancestros afecta negativamente a la continuidad de las prácticas espirituales de la comunidad.
Vivienda
A partir de la declaración del estado de sitio, diferentes pobladores de Barillas sufren allanamiento en sus domicilios. Agentes armados ingresan a las casas para efectuar registros y detenciones, generando una sensación de pánico en la población.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Los relatos del terror que sufrieron las familias tras las intervenciones militares y los registros en las casas dan cuenta de cómo el espacio doméstico dejó de percibirse como un lugar seguro. Las consecuencias psicológicas de estos allanamientos en los niños tienen unas implicaciones específicas para las mujeres (madres, tías, hermanas mayores…), que son quienes habitualmente se encargan de su cuidado. Además, en el caso específico de las mujeres cuyas parejas han sido encarceladas, el hostigamiento y las presiones contra ellas se producen en sus desplazamientos desde y hacia sus casas, lo que genera sentimientos de control y vigilancia.
Salud
El estado de sitio y la persecución fuerzan a muchas personas a huir de la comunidad y buscar refugio en las montañas, donde padecen condiciones muy precarias que afectan a su salud.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En Barillas, son las mujeres quienes asumen las tareas de cuidados en el núcleo familiar. Así, son quienes se encargan de atender los problemas de salud física y mental de sus parejas, hijos e hijas, y otras familiares a su cargo. Entre estos problemas de salud, los testimonios hablan de enfermedades recurrentes en hijos e hijas cuando las mujeres debían ausentarse de sus hogares debido a la persecución, o para visitar a sus esposos que habían sido encarcelados. Las mujeres relacionan estas enfermedades con el malestar de hijos e hijas ante la ausencia de sus padres, o por la dificultad de recibir unos cuidados adecuados. Muchas de estas situaciones comportan una carga económica añadida para estos hogares, y algunas familias se endeudan para pagar la atención médica.
También refieren problemas digestivos, temores o traumas que persisten en sus parejas una vez abandonan la prisión. Estos problemas de salud han supuesto una sobrecarga en las tareas de cuidados de las mujeres, e incluso las han llevado a endeudarse para poder solventar el tratamiento.
Entre las tareas de cuidados que asumen las mujeres se encuentra también la alimentación familiar, que se ve perjudicada con el encarcelamiento de líderes y referentes comunitarios, muchos de los cuales son también jefes de hogar. Algunas mujeres explican que priorizaron la alimentación de sus hijos e hijas a la propia, lo que llega a deteriorar su estado de salud.
Se han referido también casos de mujeres embarazadas que han debido dar a luz en condiciones precarias, mientras estaban escondidas en el bosque escapando de la violencia y la persecución. Este tipo de situaciones pueden suponer un riesgo grave para la salud de madres y recién nacido. El estrés emocional, los esfuerzos físicos, los continuos desplazamientos, la alimentación deficiente o la falta de acceso a controles médicos derivados del clima de violencia también afectan negativamente a procesos de gestación, desarrollo del feto, parto, puerperio o lactancia, entre otros.
Educación
El derecho a la educación se vulnera principalmente en el caso de los niños y niñas de las comunidades que se encuentran en edad de acudir a la escuela básica.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
El encarcelamiento de líderes y referentes comunitarias opositoras al proyecto de Hidro Santa Cruz provoca un sufrimiento que afecta a la asistencia a clase y el rendimiento académico de niños y niñas en edad escolar. Esta situación se agrava también cuando las mujeres de la comunidad deben dejar sus casas para visitar a sus maridos encarcelados, o asistir a las audiencias judiciales. Se registran casos también de acoso escolar y maltrato por parte de profesores y compañeros de escuela hacia hijos e hijas de personas criminalizadas.
En el caso específico de las niñas, al acoso y maltrato en el ámbito escolar se le suma el riesgo de sufrir agresiones sexuales, amenazas y presiones en sus desplazamientos desde y hacia la escuela. En algunos casos se habla de que las niñas han sufrido acoso por parte del personal de la empresa cuando se cruzaban en el camino hacia la escuela.
Diversidad cultural
La mayor parte de la población de Barillas es de origen indígena. La falta de consulta previa y la actitud de la empresa de menosprecio hacia sus derechos territoriales se pueden considerar como hechos de discriminación étnica.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En otros casos, algunas de las mujeres expresaron en situaciones particulares el personal de la empresa empleó expresiones racistas o discriminatorias contra ellas.
Ataques contra la integridad física y emocional
Asesinatos
El 1 de mayo de 2012 se produce el asesinato de Andrés Francisco Miguel, referente comunitario opuesto al proyecto de Hidro Santa Cruz. En este mismo ataque resultan heridos graves Esteban Bernabé y Pablo Antonio. El asesinato del dirigente provoca un impacto emocional en la comunidad.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Las mujeres de la comunidad adoptan un rol clave para sostener los lazos comunitarios, que implica acompañar y posibilitar los procesos de duelo colectivo. Para las mujeres, los ataques y asesintos han implicado pérdidas abruptas, inesperadas y violentas, con la incertidumbre y la imposibilidad de comenzar con el duelo que provoca la situación de alerta y amenaza.
La persecución política ha afectado a varones y a mujeres. En el caso concreto de las mujeres que han debido dejar sus casas por miedo a ser arrestadas, la criminalización tiene unas consecuencias específicas para su entorno, ya que los roles de cuidados que normalmente asumen estas mujeres quedan desiertos, o bien suponen una sobrecarga de trabajos para otras mujeres de la familia o de la comunidad. Además, esta persecución provoca un sufrimiento psicológico por a situación de incertidumbre, que se prolonga durante varios meses.
En el caso de que los hombres sean encarcelados, también se producen afectaciones específicas para las mujeres, que asumen la tarea de acompañarlos en las visitas penitenciarias, asistir a las audiencias y tramitar su defensa judicial, lo que implica gastos de desplazamiento y tener que abandonar sus hogares, además de tener un coste psicológico por la angustia de la situación y por las presiones y chantajes que reciben.
También es importante tener en cuenta el contexto y los antecedentes de violencia relacionada con el conflicto bélico en Guatemala, que han tenido consecuencias en los cuerpos y las vidas de las mujeres. Para algunas de ellas, la violencia con la que se produjeron las detenciones en Barillas y el asesinato de uno de los líderes comunitarios, junto con la declaración del estado de sitio, hicieron aflorar recuerdos propios o relatos de experiencias de las generaciones anteriores relacionados con la guerra, lo que puede revictimizarlas o retraumatizarlas.
Intimidaciones y amenazas
Pobladores y pobladoras denuncian amenazas e intimidaciones verbales por parte del personal de seguridad de la empresa.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Algunas mujeres, cuyas parejas han sido encarceladas, son fuertemente presionadas para que se posicionen a favor de la empresa.
El clima de violencia hace que los desplazamientos para ir y venir de la escuela se vuelvan más peligrosos, por las amenazas y presiones del personal de la empresa. Las mujeres denuncian que les toman fotografías a sus hijos e hijas a la salida de la escuela. En el caso específico de las niñas, esta situación se ve agravada por la amenaza de las agresiones sexuales.
Violencia de género en el entorno familiar
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Se han descrito casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes que quedaron al cargo de algún familiar cuando sus madres o padres debieron ausentarse de sus hogares debido a la persecución y la criminalización.
Duelo y afectaciones emocionales
La comunidad enfrenta el duelo tras el asesinato de uno de sus líderes comunitarios, pero este proceso coincide con la declaración del estado de sitio, lo que genera una situación de mayor tensión y violencia y agrava los daños emocionales. Entre las personas encarceladas, hay casos de secuelas emocionales que afectan al sueño, la alimentación o el trabajo una vez son puestas en libertad.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Los testimonios de las mujeres describen el impacto emocional del encarcelamiento de sus compañeros, así como de la persecución contra ellos, de los desplazamientos a cárceles y tribunales, de la incertidumbre económica, del hostigamiento por parte de la empresa y del sufrimiento de hijos e hijas. Otros daños emocionales se relacionan con la pérdida del acceso al territorio, y la división y los enfrentamientos que se generan en la comunidad con la irrupción de Hidro Santa Cruz. Las mujeres que han debido abandonar la comunidad para resguardarse, por su parte, hablan de la angustia y preocupación que les produce estar lejos de sus familias y sus hogares.
Consulta previa, libre e informada
La población de Barillas, de mayoría indígena, está protegida por los términos del Convenio 169 de la OIT que obliga a la consulta previa, libre e informada sobre todos aquellos proyectos que puedan tener consecuencias sobre sus vidas y sus territorios. La empresa Hidro Santa Cruz incumple con esta obligación e instala cercas de alambre alrededor de uno de los lugares ceremoniales de la comunidad. Los intentos de negociación posteriores están plagados de irregularidades, como la compra de tierras mediante engaños, la falta de información clara o el chantaje, presión e intimidación contra las personas que se oponen al proyecto.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En los procesos de consulta previa, se deben tener en cuenta las dificultades de participación de las mujeres. Si la consulta se omite, se vulneran los derechos de toda la comunidad, pero particularmente los las mujeres, que ellas siempre corren el riesgo de no ser tenidas en cuenta o de quedar excluidas del proceso por el hecho de ser mujeres. La participación de las mujeres en la vida pública y los procesos de consulta comunitaria y toma de decisiones frecuentemente se ve mermada por los roles tradicionales de género que persisten en las comunidades.
Pese a ello, muchas de las mujeres de la comunidad tenían papeles de participación activa en las organizaciones comunitarias y se expresaron en todo momento en contra del proyecto. Sus voces no fueron tenidas en cuenta por la empresa.
Criminalización y campañas de deslegitimación
Un total de 52 personas fueron criminalizadas por su oposición al proyecto, acusadas de delitos como actividad contra la seguridad de la nación, terrorismo, secuestro o atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Algunas de las órdenes de detención emitidas por las autoridades eran genéricas, y en ellas solo constaban los nombres, pero no los cargos contra las personas acusadas, lo que evidencia un intento de persecución contra los liderazgos comunitarios.
Tras su puesta en libertad, muchas de estas personas encarceladas sufrieron secuelas físicas y psicológicas y algunas de ellas perdieron su trabajo y tuvieron dificultades para encontrar otro empleo.
Otras personas criminalizadas no fueron encarceladas, pero debieron abandonar a sus comunidades y familias y desplazarse a las montañas o a otras ciudades, sufriendo un fuerte estrés emocional.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Algunas de estas personas fueron detenidas y encarceladas lejos de su comunidad. Esta situación afectó negativamente la salud física y mental de las personas encarceladas y de sus familias.
Las mujeres tuvieron que viajar para las visitas a sus parejas en prisión o las audiencias judiciales, con un fuerte desgaste económico y emocional. Sus hijos e hijas también experimentaron situaciones de angustia y afectaciones en su alimentación, su salud o en su rendimiento académico, lo que multiplica las tareas de cuidados para las personas que quedan a su cargo.
También fueron objeto de campañas de criminalización y estigmatización, como en el caso de la defensora de la tierra Hermelinda Simón. En estas campañas siempre hay un sesgo de género, ya que las mujeres, además de ser perseguidas pro su implicación política, son estigmatizadas como “malas madres” o “malas esposas” por el hecho de participar en la defensa de los intereses de la comunidad. El rechazo es aún mayor cuando las mujeres se han visto obligadas a abandonar la comunidad ante la creciente persecución, la violencia y las amenazas.
Afectaciones a la integridad física, emocional y sexual.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
Acoso
Mujeres y niñas sufren intimidaciones y acoso sexual por parte del personal de la empresa, por ejemplo cuando caminan por las inmediaciones del recinto vallado.
Violencia sexual
Aunque la presión para imponer el proyecto se ejerza sobre toda la comunidad, en el caso de las mujeres y las niñas hay un componente sexual en las intimidaciones y las amenazas, que conecta con el riesgo de padecer agresiones, contraer enfermedades de transmisión sexual, sufrir un embarazo forzado o ser víctimas de explotación sexual.
Se denuncian casos de violaciones sexuales en el contexto del estado de sitio, presuntamente perpetradas por agentes de seguridad estatales.
También se denuncian casos de violencia sexual por parte de personas del entorno contra niñas que han quedado solas en sus casas cuando su padre ha sido encarcelado y su madre ha debido viajar para visitarlo.
La amenaza de la violencia sexual hace aflorar antiguos miedos y traumas en las mujeres que han experimentado estas situaciones en el contexto del conflicto bélico.
Afectaciones a la economía local
Las principales afectaciones económicas se derivan del encarcelamiento de líderes y referentes comunitarios, lo que deja a las familias en muchos casos sin el principal sustentador económico del hogar. Algunas de las personas encarceladas perdieron su trabajo y, después de salir de prisión, tienen dificultades para encontrar otro.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
La ausencia de las personas encarceladas y de sus parejas de sus hogares también obliga a una redistribución de las tareas de cuidados, que en muchos casos representan una sobrecarga para las mujeres de la familia, o para niños, niñas o adolescentes que dejan de ir a la escuela para atender a sus hermanos menores. Es necesario documentar si, en estos casos, los niños, niñas y adolescentes que abandonan la escuela se han visto forzados a incorporarse al mercado laboral, en qué tipo de tareas y en qué condiciones. Las situaciones de precariedad económica pueden suponer un riesgo para niñas y adolescentes que pueden llegar a entrar en circuitos de explotación sexual o laboral.
Complicidad con conflictos armados y ocupación
El vínculo entre los intereses de la empresa y la actuación de las fuerzas de seguridad del estado se evidencia con la declaración del estado de sitio, a raíz de la tensión que produce el asesinado del referente comunitario Andrés Francisco Miguel en 2012. Desde entonces, el estado guatemalteco ha recurrido en repetidas ocasiones a decretar el estado de excepción o el estado de sitio en zonas donde se proyectan o se están desarrollando proyectos mineros o hidroeléctricos. Esta práctica se puede interpretar como un recurso para militarizar los territorios y facilitar la acción de las empresas transnacionales en aquellos puntos donde los proyectos extractivos generen conflictos y resistencias.
Por otra parte, en el contexto de Guatemala se observa la incorporación de personas vinculadas al ejército durante el conflicto armado, que después de la firma de los acuerdos de paz en 1996 pasan a formar parte de empresas de seguridad privadas, en muchos casos al servicio de empresas extranjeras. En el caso de Hidro Santa Cruz, llama la atención que el responsable del área social de la empresa hidroeléctrica fuese Juan Garrido, capitán retirado del ejército de Guatemala señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por su implicación en el asesinato del hijo de un activista de derechos humanos.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En el caso específico de las mujeres, además, se ha hecho uso de la violación sexual como un arma de Guerra, siendo un contínuum desde el conflicto armado hasta la actualidad.
Derechos de las personas migrantes / Asilo / Refugio
La memoria del conflicto armado en Guatemala está marcada por las elevadas cifras de personas exiliadas y por el desplazamiento interno de la población que huía de la violencia. La intervención de las empresas transnacionales sobre el territorio, la militarización y las consecuencias de la criminalización fuerzan un nuevo desplazamiento de la población, hacen revivir a las personas afectadas el trauma de la guerra y tienen un impacto psicológico añadido como reminiscencia del pasado.
Cómo afecta específicamente a las mujeres:
En casos de solicitudes de asilo, refugio o traslado urgente de las mujeres, se deben tener en cuenta la asistencia y traslado de sus hijas e hijos.
(1) https://cmiguate.org/wp-content/uploads/...
Directamente
La empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de las empresas españolas Ecoener e Hidralia Energía, es la responsable directa de haber iniciado los trabajos para la instalación de una minipresa hidroeléctrica en Santa Cruz de Barillas sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población local. El personal de seguridad de la empresa es responsable de los ataques, amenazas, intimidaciones y acoso contra las personas que se oponían al proyecto. Dos trabajadores de Hidro Santa Cruz fueron condenados por el asesinato de Andrés Francisco Miguel, aunque después recurrieron la sentencia y fueron absueltos en una decisión judicial cuestionada.
(1) https://www.alianzaporlasolidaridad.org/...
Por Acción
El Estado de Guatemala es responsable por las violaciones de derechos humanos denunciadas durante el período en el que estuvo vigente el estado de sitio en Santa Cruz de Barillas, y atribuidas a los militares y policías desplegados en el territorio, como detenciones ilegales, allanamiento de las casas, destrucción de propiedades o agresiones sexuales contra las mujeres, entre otras.
Diferentes ministerios e instituciones de Guatemala otorgaron permisos y licencias para la ejecución del proyecto de Hidro Santa Cruz, pese a no haberse realizado ninguna consulta previa, libre e informada como establece el convenio 169 de la OIT.
La empresa Ecoener hace énfasis en su página web de su compromiso con la naturaleza, la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030.
“En Ecoener tenemos un compromiso firme: conservar el legado más valioso que tenemos, la naturaleza. Nuestro propósito como empresa es impulsar el desarrollo sostenible para preservar el entorno y contribuir al desarrollo social”, puede leerse en la web.
Más abajo, especifican:
“En Ecoener la sostenibilidad nos mueve. Generamos energía a largo plazo buscando preservar la naturaleza allá donde operamos y pensando en el desarrollo de las comunidades locales. Creamos valor desde la gestión responsable del negocio y el compromiso social y ambiental. Contribuyendo desde lo local a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030”.
Dentro de estos objetivos citan la acción por el clima, la producción y consumo sostenibles, el acceso a agua limpia, la energía asequible y no contaminante, la vida de los ecosistemas terrestres o la generación de ciudades y comunidades sostenibles, entre otros.
No
Cerrado
La empresa Ecoener-Hidralia comunicó oficialmente que se retiraba del proyecto de Santa Cruz de Barillas a finales de 2016, y reconoció que “una parte significativa” de los habitantes del territorio no aprobaba su proyecto.
Las personas detenidas y encarceladas en relación con su oposición al proyecto fueron liberadas. Saúl Méndez y Rodrigo Velásquez fueron liberados en enero de 2016, después de haber estado detenidos durante más de dos años.
En julio de 2016, el Tribunal A de Mayor Riesgo de la ciudad de Guatemala ordenó la liberación de Bernardo Ermitaño López Reyes, Arturo Pablo Juan, Francisco Juan Pedro y Sotero Adalberto Villatoro, que habían sido detenidos y encarcelados en relación con su oposición al proyecto de Hidro Santa Cruz.
(1) https://www.eldiario.es/desalambre/hidro...