Milena Flórez: el precio de defender el río Cauca en Colombia

La oposición al proyecto hidroeléctrico más grande del país convirtió a una campesina desplazada de Antioquia en una de las figuras más relevantes de la organización Ríos Vivos que se opone al funcionamiento de la represa.

Desarrollo. Eso fue lo primero que pensó Milena Flórez cuando supo que en su territorio se construiría la represa de Hidroituango, la hidroeléctrica más ambiciosa de Colombia, que aspira a producir el doble de vatios que cualquier otra presa en el país. Flórez creía que eso significaba que por fin tendría luz en su casa en Alto de Chirí, una vereda del municipio de Briceño, en el norte del departamento de Antioquia. El casco urbano más cercano a donde vivía era el corregimiento de Valle de Toledo, a poco más de una hora a lomo de mula.

Finalizaba la década de los noventa y la guerra no daba tregua en la región. El Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se disputaba esta zona alta de la cordillera occidental de los Andes con el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pues es un corredor estratégico para cualquier grupo armado: lejos del control del Estado y con hoja de coca. Fue en este territorio de conflicto y violencia donde, años después, se sumó la preocupación por los impactos sociales y ambientales de Hidroituango.

La llegada a tierra de ‘cañoneros’

En Alto de Chirí, gran parte de los campesinos vivían de la agricultura, la pesca o la minería de oro artesanal, como explica María Adelaida Torres, quien estudió la zona durante cerca de cuatro años para realizar su tesis de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. El río era parte vital de la cultura de los ‘cañoneros’, quienes vivían en la parte media y baja del cañón del Cauca. Torres explica que había una cultura particular de comercio en la que el minero artesanal le entregaba el oro al arriero para que este lo negociara en el pueblo o lo intercambiara por dinero o comida con los campesinos.

Pero con la llegada de Empresas Públicas de Medellín (EPM) al territorio, en 2010, muchos pobladores  aseguran que se prohibieron esas actividades, la relación de los cañoneros con el río fue cada vez más distante y dicen que la empresa los desplazó de las playas donde pescaban. “Luego de que los predios se adquirieron, algunos de ellos fueron invadidos por foráneos, desarrollando procesos ilegales de minería y estableciendo ‘cambuches’ (viviendas improvisadas), en la mayoría de los casos, para obtener indemnizaciones que, claramente no aplicaban, pues no eran de la región o no ejercían la actividad productiva de acuerdo con nuestros censos e investigaciones”, puntualiza Robinson Miranda, director ambiental y social del Proyecto Hidroituango, al explicar la razón de los desalojos.

Por otro lado, EPM comenzó las primeras obras para desviar el río Cauca y construir un proyecto que aspira a producir el 17 % de la energía eléctrica de Colombia. Cerca de Chirí y de la casa de Milena Flórez hicieron un túnel para pasar la maquinaria y un puente para llegar a lo que actualmente es el muro de presa.

Flórez empezó a vincularse con los reclamos. Su primera acción fue sumarse a una marcha que hubo el 27 de agosto de 2012 en el Valle de Toledo para protestar en contra de la represa. Cuatro años antes de esa movilización, ya habitantes de la zona habían unido fuerzas para crear Ríos Vivos en el norte de Antioquia, con el propósito de defender el territorio de los proyectos mineroenergéticos.

El desplazamiento al Valle de Toledo

Más Ejército y Policía para custodiar el megaproyecto mientras las Farc sembraban minas antipersonales. Según Ríos Vivos, ese era el panorama en el norte de Antioquia en diciembre de 2012. Milena Flórez dice que le tocó enfrentar las intimidaciones de hombres encapuchados, armados y vestidos con los uniformes de una empresa de vigilancia privada y que llegaban a los ríos a sacar a los barequeros (personas que practican minería de subsistencia en bateas) y pescadores. Según cuenta, quienes se oponían empezaron a recibir mensajes de texto con amenazas.

La situación escaló al punto que, en 2015, Milena Flórez prefirió abandonar Chirí y Playa Capitán, una de las zonas de pesca más cercanas a su vereda, para irse al Valle de Toledo —también en el municipio de Toledo— y pescar a 20 minutos de este corregimiento. Se fue con sus dos hijos, mientras que su esposo se quedó en la vereda Chirí, resguardándose de una orden de captura que la Fiscalía General de la Nación tenía en su contra. Lo acusaban de ser miembro del Frente 36 de las Farc, pero nueve meses después comprobaron que los cargos que le atribuían eran falsos.

Una vez en el Valle de Toledo, Flórez vivió del río Cauca con el oro y la pesca. Pero la tranquilidad no duró mucho. A los pocos meses, las amenazas llegaron nuevamente. La Corporación Jurídica Libertad, una organización de Medellín con más de 20 años de experiencia en derechos humanos, reportó diferentes intimidaciones al movimiento Ríos Vivos y el Valle de Toledo ya no fue un lugar seguro.

La tala del bosque seco tropical

La temporada entre 2015 y 2016 marcó a Milena Flórez no solo por las amenazas anónimas que seguía recibiendo sino porque EPM comenzó la tala del bosque seco tropical de la zona donde se ubicaría Hidroituango. Para construir la presa y preparar el terreno que se iba a inundar, la empresa necesitaba 4140 hectáreas, de las cuales 1839 pertenecían al bosque seco tropical, de acuerdo con la aprobación que le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2009. Esto generó polémica pues el área del proyecto está dentro de la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca, declarada por la Corporación Ambiental Regional de Antioquia (Corantioquia) desde 1996 y a la que le quitaron 11 507 hectáreas en 2010 para dárselas a Hidroituango. Además, según el Instituto Alexander von Humboldt, en Colombia solo queda el 8 % de bosque seco y el cañón del Cauca es el tercer lugar con más hectáreas de este ecosistema en el país.

El punto de quiebre del Cauca y de Milena

El 28 de abril de 2018 comenzó una pesadilla para EPM y para los habitantes de la región. Se tapó el túnel auxiliar, el único por donde se desviaba el río y que fue construido “para evitar el retraso en la entrada en operación del proyecto”. Era una carrera contra el tiempo: si el río Cauca se seguía represando aguas arriba, y superaba los niveles del embalse que aún no se había terminado, podría destruir la presa y generar olas de más de 20 metros de altura que impactarían hasta el municipio de Caucasia, ubicado a casi 200 km de la presa, afectando a casi 700 000 personas.

La premura disminuyó el 12 mayo, cuando se destapó de forma natural otro de los túneles, construido originalmente para desviar el río pero que se había sellado. La dicha no duró mucho y otra tragedia ocurrió: la fuerza del río causó una avalancha que sepultó de manera descontrolada la playa La Arenera donde Milena Flórez pescaba y el Puente Pescadero, el único que comunicaba a los municipios de Briceño e Ituango.

Mientras la región vivía una crisis por cuenta de los tropiezos de Hidroituango, los defensores ambientales en el territorio vivían una escalada de violencia. Flórez cree que se salvó “de milagro” por no asistir a una reunión de Ríos Vivos. Uno de sus compañeros recibió una llamada y del otro lado de la línea le preguntaban por qué ella no había ido, le pidieron el teléfono de Flórez y su número de identificación. Él se limitó a responder que no tenía ningún dato.

Cuando la activista se enteró, no lo pensó mucho. Sabía de qué se trataba. En  mayo de 2018 asesinaron a dos integrantes del movimiento y en junio saquearon la sede de Ríos Vivos para llevarse gran parte de la documentación que Milena Flórez y los otros líderes habían recopilado durante años. En una noche de agosto la activista ambiental ya no pudo más, empacó lo que pudo y, junto con sus dos hijos y un nuevo esposo, se desplazó una vez más hacia Medellín.

Del Valle de Toledo al activismo en Europa

Que cerraron las compuertas, que el río se secó, que muchos peces murieron. Milena Flórez supo de todo esto cuando estaba en Medellín, pues las amenazas persistían aunque las autoridades no han señalado a un responsable. En 2019, Colombia fue el país donde más defensores ambientales y de la tierra asesinaron, con un total de 64 homicidios, según el más reciente informe de Global Witness.

El exrelator especial de la ONU, Michel Forst, aseguró que, después del proceso de paz con las Farc, quienes corren más riesgo son los líderes sociales, comunitarios y de sustitución de cultivos. Además, Antioquia es uno de los departamentos con más líderes amenazados, según la ONG colombiana Somos Defensores.

Flórez cumple todos los requisitos de riesgo pues además de pertenecer a Ríos Vivos, lidera la organización de base Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, que presta asistencia técnica al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito del proceso de paz que se implementa en 10 veredas de Briceño, incluida la vereda Chirí.

Medellín parecía la mejor opción para ella hasta que se presentó al Programa Catalán de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que la seleccionó, junto con otros dos líderes en el 2019, para ir a Barcelona.

Los seis meses de exilio los dedicó al activismo. Se reunió con la Generalitat catalana, fue a los ayuntamientos, gestionó reuniones con organizaciones internacionales de derechos humanos, con el Parlamento Europeo y con bancos que prestaron dinero a Hidroituango, como el BBVA. Su discurso no cambiaba, su objetivo era convencerlos de que no apoyaran a la hidroeléctrica y contar la difícil situación que han vivido las comunidades en el territorio.

Contrario a lo que ocurría hace ocho años, esta vez era ella quien iba de reunión en reunión, mientras su esposo atendía la casa o la acompañaba a las citas. Por primera vez se sentía segura caminando por las calles, le impresionaba lo accesibles que eran ciertos políticos en Europa y disfrutaba de comodidades como tener internet todo el día. Sin embargo, todo el tiempo añoraba su Valle de Toledo. “Montañero no pega en pueblo”, dice para explicar por qué siempre quiere volver al territorio.

Y volvió. El 3 febrero de 2020, Milena Flórez y su familia ya estaban de vuelta en el cañón del Cauca, en su Valle de Toledo, justo antes de que la mayoría de los aeropuertos del mundo cerraran por la pandemia del COVID-19.

El coronavirus trajo nuevos retos a la región, especialmente porque la mayoría de los casos se concentran en trabajadores dentro de Hidroituango y las restricciones de la cuarentena se sumaron a la imposibilidad de pescar o barequear en un río que antes era rico en recursos. Milena asegura que las amenazas disminuyeron durante la cuarentena y que por ahora está tranquila. Pero no sabe cuánto tiempo durará esa dicha, y como no todo es felicidad, lo que más le duele es ver cómo las aguas de su “río mono” son cada vez más claras.

Reportaje completo disponible en Mongabay Latam 

Dóna suport a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
X